El CPLT pidió "detallar alcances de la medida y su finalidad, además de establecer cuál sería la habilitación legal para acceder y tratar datos personales sensibles".
Es importante, explicó el organismo, saber "si será posible o no identificar o hacer identificable a personas determinadas".
El Consejo para la Transparencia (CPLT) pidió detallar los alcances de la iniciativa que busca seguir el movimiento de las personas a través de GPS durante las cuarentenas, propuesta que analiza aplicar el Gobierno, según detalló esta semana el ministro de Salud, Enrique Paris.
El CPLT pidió "detallar alcances de la medida y su finalidad, además de establecer cuál sería la habilitación legal para acceder y tratar datos personales sensibles, como es la geolocalización, de las personas".
"Es importante saber si la medida se limita al conocimiento de traslados masivos, sin identificar personas en específico, porque es algo muy distinto usar esta información para identificar y establecer movimientos específicos de determinados usuarios", explicó el titular de Transparencia, Jorge Jaraquemada.
El abogado enfatizó que "tenemos que conocer claramente cuál es la finalidad del uso de los datos. Es decir, si será posible o no identificar o hacer identificable a personas determinadas, porque los datos asociados al proceso de telecomunicación están regulados por la Ley General de Telecomunicaciones, que establece como obligación a las empresas prestadoras preservar la privacidad de los usuarios".
Jaraquemada remarcó que la información que forma parte de actos comunicativos privados, como es el caso de los datos de telecomunicaciones -incluyendo aquellos que permitan la ubicación en tiempo real de una persona determinada o determinable- "se encuentra protegida por la garantía constitucional".
Jaraquemada especificó que actualmente no habría una autorización legal que permitiera a la autoridad recoger y tratar este tipo de información sin autorización expresa del titular de los datos.
"En el derecho público chileno no hay, salvo en las hipótesis de tratamientos de datos de salud, autorización a ningún órgano para tratar este tipo de datos sin autorización de su titular", remarcó y agregó que "se requeriría en consecuencia de una reforma legal para poder hacerlo", subrayó el abogado.
Debido a ello, el presidente del CPLT insistió en la propuesta que el Consejo hiciera en abril pasado al entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, para tramitar una ley corta en materia de protección de datos personales. A juicio de la entidad, esto permitiría hacerse cargo de una serie de vacíos normativos que se han evidenciado de forma patente en el contexto de la crisis por Covid-19.
"La pandemia ha evidenciado muchos vacíos de una ley de protección de datos personales que está obsoleta y que no cuenta con las herramientas para asegurar que esta clase de medidas que implican la recopilación intensiva de datos y su procesamiento se sujete a las disposiciones establecidas en materia de licitud o proporcionalidad, por ejemplo, dejando más expuestos a abusos a los usuarios", enfatizó.
