El organismo de ayuda pagará una multa y donará una millonaria suma por la infección de más de 1.000 ciudadanos del país norteamericano con el virus del sida y unos 20.000 con el de la hepatitis C.
La Cruz Roja canadiense se declaró culpable de un único cargo en uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia del país norteamericano y públicamente aceptó la responsabilidad del desastre que provocó unas 3.000 muertes entre los miles de infectados con el VIH y la hepatitis C.
El secretario general del organismo de ayuda de salud, Pierre Duplessis, se declaró "profundamente apenado por el daño y la muerte causada a quienes resultaron infectados por sangre o productos derivados de la sangre que distribuyó" en la década de 1980 y comienzos de la de 1990, cuando distribuyó sangre contaminada que infectó a más de 1.000 ciudadanos con el virus del sida y a unos 20.000 con el de la hepatitis C.
"Aceptamos la responsabilidad a través de nuestra declaración legal por haber distribuido productos dañinos a quienes confiaban en la caridad para su salud", agregó Duplessis a través de una cinta de video.
Mike McCarthy, vocero de la Sociedad Canadiense de Hemofilia (CHS) e incansable activista en favor de las víctimas, recibió de buena forma la admisión del error, pero con poca satisfacción.
"¿Cómo alguien puede estar satisfecho? Miles de personas perdieron sus vidas. Cientos y cientos de personas están viviendo con estos virus fatales hoy en día (...) Aquí no hay grandes resultados para nadie que haya sido víctima del escándalo de la sangre contaminada", agregó.
John Plater, presidente en Ontario de la CHS, afirmó: "Finalmente la Cruz Roja aceptó responsabilidad por su rol en la tragedia".
"Es lo menos que pueden hacer por el bien de las víctimas que han esperado dos décadas por alguien que se hiciera responsable".
Como parte del acuerdo de la declaración legal, que aún debe ser aprobado por un juez, la Cruz Roja será multada por el máximo de 5.000 dólares canadienses (unos 2,3 millones de pesos) por admitir haber violado la Ley de Drogas y Alimentos.
La organización de caridad acordó pagar un adicional de 1,5 millones de dólares canadienses (cerca de 693 millones de pesos), dinero que se dividirá entre becas educacionales para los familiares de las víctimas y financiamiento para investigaciones médicas.
A raíz del escándalo, desde fines de la década de 1990 este organismo dejó de dirigir el sistema de transfusiones, pasando a depender, a partir de esa fecha, de una agencia gubernamental. (Agencias)
