El caso, que salió a la luz pública luego que 13 menores se contagiaran con hepatitis a través de sangre obtenida de forma ilegal desde el Hospital Salvador, es investigado desde enero.
La ministra de Salud, María Soledad Barría, confirmó que la cartera lleva adelante un sumario sanitario para determinar responsabilidades en la contaminación con hepatitis B que sufrieron niños que recibieron transfusiones en medio de un supuesto caso de tráfico de sangre entre el Hospital Salvador y una clínica privada de Vitacura.
La situación, hecha pública sólo esta semana, apunta a que desde el banco de sangre del recinto médico de Providencia se retiraron, de manera irregular -sin especificar su destino en los registros-, bolsas de sangre del grupo RH negativo.
Esta sangre era destinada a la clínica oncológica del doctor Juan Quintana, ubicada en calle Tabancura 1091, en la comuna de Vitacura, donde 13 niños con leucemia que recibían atención terminaron infectados por el virus de hepatitis B, presente en la sangre involucrada.
Esto motivó que desde enero pasado el Ministerio Público y el Servicio de Salud Oriente iniciaran una investigación conjunta, para determinar el origen de la sangre infectada y en qué forma se contagiaron los niños.
"Desgraciadamente hubo contaminación al parecer de niños en una clínica privada, niños que además tienen una enfermedad sumamente grave", confirmó este miércoles la ministra Barría este miércoles.
La secretaria de Estado expresó además que la clínica, "que ya dejó de funcionar", habría operado durante 10 años sin los permisos correspondientes.
De acuerdo al diario La Nación, Miguel Manosalva, tecnólogo médico del banco de sangre del Hospital del Salvador, ya reconoció que abastecía a Quintana con sangre del hospital.
"El sumario arrojó que el funcionario no registraba las unidades de hemoderivados que sacaba y que recibía honorarios por el servicio prestado", asegura el medio.
De acuerdo al diario, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente formuló cargos en contra de Manosalva por retirar sangre del hospital sin autorización, realizar esta actividad en su horario de trabajo y derivar la sangre a una clínica privada sin establecer registros.
Quintana también fue inculpado por abrir su clínica sin el permiso del respectivo servicio de Salud.
La versión del tráfico fue reafirmada por el diputado socialista Fidel Espinoza, quien señaló que se debe investigar hasta las "últimas consecuencias".
En el mismo sentido, el PPD Enrique Accorsi afirmó que interpusieron una denuncia a través de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. (Cooperativa.cl)
