La jueza británica Vanessa Baraitser dictaminará el 4 de enero de 2021 si autoriza la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, país que lo enjuiciaría por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, castigados con hasta 175 años de cárcel en esa nación.
La magistrada fijó este jueves la fecha al término de un juicio de cuatro semanas en el tribunal londinense de Old Bailey, en el que han declarado numerosos testigos de la defensa del fundador de WikiLeaks, quien rechaza su entrega.
El procesado, que considera que EEUU tiene "motivaciones políticas", permanecerá en prisión preventiva mientras sigue su proceso, que podría alargarse en el tiempo si, como es previsible, la parte perjudicada recurre ante el fallo.
Al final de la audiencia de hoy, dedicada en gran parte a acordar aspectos técnicos, Baraitser agradeció su "excepcional trabajo duro" a la defensa, encabezada por Mark Summers y Edward Fitzgerald, y a la Fiscalía -en representación de la Justicia estadounidense-, con James Lewis y Clair Dobbin al frente.
La magistrada rechazó, como se esperaba, conceder la libertad condicional a Assange, quien seguirá recluido en el centro de alta seguridad londinense de Belmarsh y deberá asistir a las siguientes vistas rutinarias de control, cuanndo la próxima está prevista para el 29 de octubre.
Baraitser también rehusó aplazar el proceso a fin de dar más tiempo a la defensa a presentar pruebas adicionales, como ya hizo al inicio el 7 de septiembre de esta segunda fase del juicio, pospuesto el pasado mayo.
La ministra argumentó que debían haber cursado su solicitud en agosto, después de que EEUU presentara un nuevo auto de procesamiento acompañado de una segunda petición de extradición que anulaba los anteriores de abril de 2019 y ampliaba la base de las acusaciones contra el experto informático.
Estados Unidos reclama a Assange para juzgarle por haber conspirado presuntamente con el ex soldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) en 2010 y, ahora, también con otros "hackers" entre 2007 y 2015 para obtener y publicar ilegalmente información secreta en su portal.
Durante septiembre han declarado ante el tribunal numerosos testigos de la defensa, para respaldar su tesis de que las acusaciones de Washington contra su cliente están "políticamente motivadas" y no afrontaría un juicio justo en ese país, si bien la Fiscalía mantiene que se trata de actos criminales.
Han testimoniado varios psiquiatras, que aseguraron que el periodista, delicado de salud, padece "un trastorno del espectro autista" y "presenta riesgo de suicidio" si es entregado a EEUU, algo que ha tratado de evitar desde que fue detenido en Londres en 2010 a petición de Suecia por presuntos delitos sexuales de los que no fue acusado y que ya han sido archivados.
