Hace diez días, el Gobierno ingresó al Congreso su ley corta de pensiones aguardando modificaciones mínimas, pero esta salió de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados con un carácter completamente distinto, incluyendo aspectos que el Ejecutivo califica como inconstitucionales.
Tras ser aprobada en general y en particular en dicha instancia, la iniciativa pasará a la Comisión de Hacienda el lunes con una serie de cambios que complican su viabilidad, por ejemplo, en cuanto a las exenciones tributarias.
En esa materia, el Gobierno proponía una tasa de impuestos del 5 por ciento a las ganancias de capital -porcentaje que pagarían todas las transacciones que se hacen en la bolsa-, sin embargo, este jueves los diputados acordaron pasar esto al régimen general de tributación, lo que podría elevar la tasa hasta un 40 por ciento.
En cuanto a los seguros de vida, se aprobó que cuando fallezca una persona se deberá pagar impuestos.
Durante la sesión del miércoles, en tanto, se hicieron cambios relevantes a la Pensión Básica Solidaria, ratificando que el pago llegue hasta los 210 mil pesos, desde los 164 mil actuales, descartando la suma de 177 mil pesos propuesta por el Ejecutivo.
Asimismo, se acordó que la cobertura del Pilar Básico Solidario ya no sea del 80 por ciento más vulnerable, como indicaba el texto original, sino que de 85 por ciento, así como que las AFP compensen en caso de pérdida.
La comisión también acortó las tablas de mortalidad desde 110 hasta 85 años a todo evento, a pesar de que no es efectivo que estas influyan en la división de los ahorros para la jubilación, algo en lo que insisten expertos y las propias administradoras.
La Moneda alegó inconstitucionalidad en razón de varias de estas modificaciones, generándose fuertes discusiones en la instancia, particularmente entre su presidente, Gabriel Silber (DC), y el ministro del Trabajo, Patricio Melero, algo que fue frecuente durante esta primera fase del proyecto.
