La Policía de Brasil dio por concluida este domingo la investigación del asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018 con la captura de un diputado, un funcionario y un exjefe de la institución polical acusados de ordenar un crimen de clara "naturaleza política".
La detención este domingo del diputado federal José 'Chiquinho' Brazão, su hermano Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y el exjefe de la Policía Civil de esa ciudad, Rivaldo Barbosa, supone el "fin" de la investigación, dijo en rueda de prensa el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.
El jefe policial no descartó que pueda haber "otras diligencias" si surgieran "nuevos elementos" y explicó que la conclusión es que Franco fue asesinada por su actuación contra mafias parapoliciales conocidas como milicias, que controlan muchas de las favelas de Río de Janeiro y tienen fuertes vínculos con grupos políticos.
"Tenemos bien claro" quiénes fueron los "ejecutores" y también quiénes ordenaron "ese crimen odioso, asqueroso, que fue un crimen de naturaleza política", enfatizó el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.
Explicó que hay "claros indicios" de que los autores intelectuales estaban en "conflicto" con Franco, debido a su actuación contra intentos de las milicias de apoderarse de tierras públicas para "sus operaciones inmobiliarias".
Según Lewandowski, "el grupo de Marielle tenía fuerte actuación" en la cámara municipal "en defensa del derecho a la vivienda y la regularización catastral" de los terrenos pretendidos por esas mafias.
"Todo estaba en contra de lo que esos grupos mafiosos querían", apuntó la Policía Federal.
OBSTRUCCIÓN DE JUSTICIA DURANTE CINCO AÑOS
El ministro también dijo que existe la "convicción" de que los supuestos autores intelectuales "interfirieron" y "obstaculización" la investigación durante los cinco años que estuvo radicada en Río de Janeiro.
El caso fue transferido a la órbita federal a mediados de 2023 y la investigación se aceleró, hasta concluir en la operación de este domingo.
La base de la Policía Federal para su indagación fue un acuerdo de cooperación judicial firmado por uno de los acusados de asesinar a Marielle Franco, en prisión desde hace cuatro años y quien habría disparado contra la concejala junto a otros dos expolicías.
El acuerdo fue firmado por Ronnie Lessa, exagente de policía de Río de Janeiro y miembro de esas milicias, que controlan muchos de los negocios ilegales en las favelas de Río de Janeiro y hasta ofrecen sicarios a sueldo.
AMNISTÍA INTERNACIONAL ALERTA SOBRE LA COMPLICIDAD DEL ESTADO
El organismo de derechos humanos calificó de "alarmante" que solo "agentes públicos" figuren hasta ahora como posibles participantes en el asesinato de Marielle Franco.
"Es alarmante que el proceso de investigación haya señalado hasta este momento a tres agentes de seguridad pública como ejecutores del crimen y a otros tres agentes públicos como autores intelectuales", señaló en un comunicado.
Amnistía Internacional valoró que la captura de los supuestos autores intelectuales "representa un importante avance", pero puntualizó que "aún no significa justicia", que solamente llegará cuando "todos los implicados sean responsabilizados".
Según el organismo de derechos humanos, "el surgimiento y la expansión de los grupos paramilitares son resultado, entre otros factores, de la impunidad y la falla de las autoridades del Estado, que no ofrecen respuestas contundentes a los desvíos en sus propias estructuras".
La concejala, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), tenía 38 años, nació en una favela y toda su actividad política se volcó a la defensa de los derechos humanos y el combate a los grupos mafiosos que controlan decenas de barriadas populares en Río de Janeiro.
Amnistía Internacional destacó que, de acuerdo a diversos organismos, "Brasil sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos humanos" y que el Estado tiene "el deber de garantizar medidas para la no repetición" de hechos como el asesinato de Marielle Franco.
