El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, remodeló este lunes su gobierno por tercera vez en tres meses al nombrar a la diputada Joyce Murray como ministra del Tesoro, en sustitución de la dimitida Jane Philpott.
Murray tomó posesión de su cargo en una ceremonia celebrada en Ottawa ante Trudeau y la gobernadora general de Canadá, Julie Payette, que ejerce la Jefatura de Estado en representación de la reina de Inglaterra, Isabel II.
Trudeau se ha visto obligado a modificar de nuevo su gobierno tras la inesperada dimisión el 4 de marzo de Philpott, ministra del Tesoro, en respuesta al escándalo de las supuestas presiones ejercidas a la que fue ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould.
La dimisión de Wilson-Raybould el 2 de febrero y la posterior salida de Philpott han provocado la mayor crisis del gobierno de Trudeau desde que llegó al poder en octubre de 2015.
Wilson-Raybould fue ministra de Justicia de Trudeau desde finales de 2015 hasta enero de 2019, cuando fue sustituida y relegada al puesto de ministra de Veteranos.
Tras su dimisión, Wilson-Raybould denunció que Trudeau y altos funcionarios del gobierno la presionaron durante meses para que ofreciese un trato preferencial a SNC-Lavalin, la mayor constructora del país y que está acusada de corrupción por el soborno de altos funcionarios libios del régimen del fallecido Muamar el Gadafi.
SNC-Lavalin ha solicitado a las autoridades canadienses un acuerdo de enjuiciamiento diferido para evitar las consecuencias de una posible condena por corrupción. Pero la fiscalía canadiense se ha negado. El titular de la cartera de Justicia, que es también fiscal general del Estado, puede obligar a la fiscalía a que cambie su decisión.
Wilson-Raybould testificó a finales de febrero que se negó a cambiar la decisión de la fiscalía.
Trudeau ha reconocido que habló con Wilson-Raybould sobre SNC-Lavalin pero ha negado que presionase a la exministra, que sigue siendo diputada del Partido Liberal.
Philpott, que junto con Wilson-Raybould, era una de las ministras más respetadas del gobierno, explicó su dimisión en marzo: "La evidencia de esfuerzos por políticos y funcionarios para presionar a la exministra de Justicia para que interviniera en el caso criminal de SNC-Lavalin, y la evidencia del contenido de esos esfuerzos, me han provocado graves preocupaciones".