El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, minimizó este lunes la renuncia de su ministra del Tesoro, Jane Philpott, que dimitió de su cargo porque perdió "la confianza en el gobierno" por el escándalo de interferencia política.
La dimisión de Philpott es la segunda que sufre Trudeau en los pasados 30 días. El pasado 2 de febrero, la entonces ministra de Veteranos, y exministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, también abandonó el Gobierno.
Días después, el 27 de febrero, Wilson-Raybould acusó a Trudeau, algunos de sus principales asesores y otros miembros del gobierno de continuadas presiones para que ofreciese a la mayor constructora del país, SNC-Lavalin, un acuerdo que evitaría su enjuiciamiento criminal por un caso de corrupción en Libia.
A pesar las dimisiones de Wilson-Raybould y Philpott, dos respetadas ministras y políticas, Trudeau afirmó este lunes que el "desacuerdo" es normal y saludable en un sistema democrático.
Durante un mitin político en las cercanías de Toronto celebrado en la noche del lunes, Trudeau agradeció a Philpott sus años de servicio y declaró que sabía que "desde hace algún tiempo" la exministra de Tesoro no se sentía cómoda en el gobierno. "Y aunque estoy decepcionado, entiendo su decisión de dimitir. La quiero agradecer su servicio", afirmó Trudeau ante decenas de seguidores del gobernante Partido Liberal.
El discurso de Trudeau fue interrumpido en varias ocasiones por individuos situados entre el público que criticaron al primer ministro o las políticas de su gobierno, y también minimizó los incidentes al afirmar que es necesario que se expresen las opiniones contrarias.
El primer ministro canadiense dijo que "en una democracia como la nuestra, y donde valoramos la diversidad con tanta fuerza, podemos permitirnos desacuerdos y debate. Incluso lo animamos".
Sobre el escándalo de SNC-Lavalin, Trudeau quiso convertir la polémica en algo positivo. "Este asunto ha generado un importante debate. Es fundamental para todos nuestros principios como se comportan las instituciones democráticas", declaró Trudeau.
SNC-Lavalin, la mayor constructora del país, está acusada por la fiscalía de pagar sobornos a altos funcionarios del desaparecido régimen de Muamar el Gadafi, incluido alguno de los hijos del dictador, para conseguir contratos en el país norteafricano.
Una posible condena en los tribunales canadienses descalificaría automáticamente a SNC-Lavalin para participar en contratos públicos en Canadá, lo que supondría una considerable pérdida de ingresos para la compañía.
Wilson-Raybould ha indicado que Trudeau quería que la fiscalía ofreciese a SNC-Lavalin un acuerdo de enjuiciamiento diferido que evitaría a la compañía ser penalizada con su exclusión de contratos públicos.
Cuando la fiscalía se negó a ofrecer el acuerdo, Wilson-Raybould, cuyo cargo incluía el de Fiscal General, dijo que fue presionada para obligar a los fiscales a cambiar su decisión, a lo que se negó.
