La mayoría de los jueces se mostraron favorables al estado.
Casa Blanca aseveró que sólo ellos tienen la protestad de hacer cumplir leyes de inmigración.
La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos cuestionó este miércoles los argumentos del Gobierno federal de que sólo él tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración, durante una audiencia sobre la constitucionalidad de la polémica ley SB1070 de Arizona.
Durante una audiencia, que duró casi hora y media, tanto el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, como el juez Antonin Scalia, ambos de corte conservador, parecieron apoyar la posición del Gobierno de Arizona de que la SB1070 sólo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal.
La SB1070 convierte en delito penal, por primera vez, la presencia en un estado de inmigrantes indocumentados, y el meollo del caso gira en torno a si el gobierno de Arizona se extralimitó al usurpar los poderes del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
A lo largo de su exposición, el abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar el problema de la inmigración ilegal y que estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.
La postura de los jueces
Para Roberts, la oposición del Gobierno de Barack Obama a la SB1070 pareciera indicar que "no quiere saber" dónde están los inmigrantes indocumentados.
"¿Qué busca el Gobierno, si no permite que los estados defiendan sus fronteras", argumentó por su parte Scalia.
La jueza Sonia Sotomayor, la segunda mujer y única latina en el Supremo, también acribilló a preguntas a ambas partes en el caso pero, alegando confusión, dejó entrever que el Gobierno federal "no estaba vendiendo bien" sus argumentos contrarios a la ley de ese estado.
Sólo ocho de los nueve magistrados participaron en la audiencia ya que la jueza Elena Kagan se retiró en diciembre pasado del caso por su vínculo con el litigio de la SB1070 en su antiguo papel como abogada del Gobierno ante el Tribunal Supremo.
Al salir de la audiencia, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se mostró optimista de que ganará el caso, a la vez que no descartó que la ley, si se mantiene en pie, abra la puerta al encarcelamiento masivo de los aproximadamente 400.000 indocumentados que se calcula viven en su estado.
