En Madrid, el tribunal que analiza la matanza de Atocha revisó el testimonio de un agente de la Guardia Civil que tuvo conocimiento -un año antes- de la facilitación de explosivos.
Tras el receso de Semana Santa, este lunes se reanudó el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, con la comparecencia de nuevos testigos, que corroboraron algunas de las sospechas ya apuntadas en jornadas anteriores.
Un agente de la Guardia Civil, alias "Víctor" y quine actuaba como controlador del acusado Rafá Zouhier, aseguró que éste alertó en enero de 2003, un año antes del 11-M, de que el acusado Antonio Toro ofrecía hasta 150 kilogramos de explosivos de una mina del norte de España para su venta.
El acusado Zouhier afronta una pena de 20 años de cárcel como presunto mediador entre los proveedores de los explosivos empleados en la masacre y los terroristas.
En la 22ª sesión del juicio, el testigo relató que el 30 de enero de 2003 Zouhier comunicó a su controlador que conocía a unas personas en Asturias que podrían relacionarse con explosivos.
Se trataba de un tal "Antonio, alias El Toro, y su cuñado", quien podría ser su socio ya que había trabajado en una mina de la que podría sacar los explosivos, explicó el testigo.
Según la información que facilitó Zouhier, la cantidad de explosivos que le habían dicho que podían llegar a obtener era de hasta 150 kilos, tras lo que el agente, con un grupo operativo, se trasladó a Asturias, pero sólo consiguieron identificar a Antonio Toro y no localizaron ni la mina ni a Emilio Suárez Trashorras.
Este último es el ex operario de Mina Conchita acusado de proveer la dinamita para montar las bombas que mataron en el 11-S en Madrid a 191 personas e hirieron a más de 1.800.
Todos esos datos se incluyeron en una nota informativa, de la que "Víctor" no informó, "por olvidarse", ni en su primera declaración judicial ni en la comisión de investigación sobre el 11-M.
Sin embargo, un día antes de su comparecencia ante la comisión parlamentaria había llamado al comandante de Asturias, Francisco Javier Jambrina, a quien había advertido de que la nota no debía "filtrarse" a los medios de comunicación y negado haber ordenado destruir el documento. (EFE)
