La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Perú afirmó que el comportamiento de los funcionarios de alto nivel debe descartar "amenazas" o "condicionamientos de cualquier índole", tras las declaraciones del presidente del Congreso que pidió "barrer" a los jueces que se niegan a aplicar una ley a favor de los militares condenads por abusos a los derechos humanos.
Un pronunciamiento de la Corte Suprema, difundido este domingo por la prensa local, expresó su rechazo contra cualquier tipo de intromisión, interferencia o amenaza que pretende condicionar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones.
Subrayó que, en un Estado constitucional y democrático de derecho, el comportamiento de todos los ciudadanos y altos funcionarios debe descartar limitaciones o condicionamientos de cualquier índole hacia la labor judicial.
"Es inaceptable para el Poder Judicial que las resoluciones dictadas en el marco de sus competencias legítimas sean ocasión de amenazas de intervencionismo, la aplicación de medidas disciplinarias o de cualquier otro tipo", indicó.
En tal sentido, expresó que el Poder Judicial rechaza "aquellas vedadas prácticas, en especial cuando se pretende exigir o utilizar el poder político para realizar estas conductas contrarias al orden democrático".
"Politizados y prevaricadores"
El pronunciamiento de los magistrados supremos responde a las palabras del titular del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi, que criticó duramente una resolución de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de no aplicar la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002 para el caso de tres exmilitares procesados por la masacre de Cayara, ocurrida en 1988 en la región surandina Ayacucho.
El derechista Rospigliosi acusó a los jueces de esa sala de ser "politizados y prevaricadores" por negarse a aplicar la ley promovida por el Parlamento y respaldada posteriormente por el Tribunal Constitucional.
El presidente del Congreso dijo, en su cuenta de la red social X, que esos jueces estaban procesando "ilegalmente", después de 38 años, a exmilitares encarcelados, que "derrotaron el terrorismo" en el país.
Agregó que los magistrados "hacen lo que les da la gana", pero que no aplican las leyes vigentes "cuando se trata de perseguir a policías y militares".
Rospigliosi afirmó que "no se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que barrerlo (eliminarlo). ¡Soluciones radicales!", lo cual fue interpretado por diferentes sectores como una amenaza al Poder Judicial.
Precisamente, el legislador ha convertido la frase '¡Soluciones radicales!' en su lema de campaña, dado que postula a la cámara de Senadores con el partido Fuerza Popular en las elecciones generales del 12 de abril próximo y en las que su líder Keiko Fujimori se presenta por cuarta vez a la presidencia de Perú.
