Caso Riggs: juez Sergio Muñoz pidió el desafuero de Pinochet
Por presentar declaraciones tributarias "maliciosamente incompletas o falsas" el magistrado solicitó que la Justicia retire los privilegios del ex gobernante de facto.
Por presentar declaraciones tributarias "maliciosamente incompletas o falsas" el magistrado solicitó que la Justicia retire los privilegios del ex gobernante de facto.
El ministro Sergio Muñoz solicitó el desafuero Augusto Pinochet por delitos tributarios, a raíz de la investigación que lleva a cabo por las cuentas secretas que el ex dictador mantenía en el Banco Riggs.
El magistrado formalizó la petición por la presentación de declaraciones tributarias "maliciosamente incompletas o falsas" por más de 2.200 millones de pesos.
Muñoz además ordenó la detención y encausamiento como cómplices de estos ilícitos al ex albacea del general en retiro, Oscar Aitken, y su secretaria privada, Mónica Ananías.
La solicitud, que deberá ser analizada por la Corte de Apelaciones de Santiago en una fecha por definir, acusa al ex dictador de haber incurrido en "declaraciones tributarias maliciosamente incompletas o falsas", ilícitos tipificados en el artículos 97, número cuatro, del Código Tributario.
Ananías quedará recluida en el recinto del Batallón Militar de Peñalolén para el cumplimiento de la prisión preventiva, mientras que Aitken quedará detenido en el anexo cárcel Capuchinos tras ser notificado por el propio juez Muñoz, la noche de este jueves, en su hogar del sector oriente de la capital.
Abogado de Aitken no se mostró sorprendido
Una vez conocidas las nuevas medidas dictadas por Muñoz, el abogado Rodrigo Henríquez, quien defiende a Aitken, llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago para entrevistarse con el juez, quien no lo recibió.
Tras ello, el jurista manifestó que "si el ministro considera que los tiene que procesar por esta situación y desea además decretar prisiones preventivas, es decisión de él. Ahora, son cosas que uno sabe que pueden ocurrir".
La solicitud de desafuero había sido interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los abogados querellantes Carmen Hertz y Alfonso Insunza.