La Cámara Baja aprobó en general el proyecto que pretende limitar la discrecionalidad presidencial a la hora de entregar pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos, beneficio que ha sido cuestionado por su adjudicación a personas con antecedentes penales tras el estallido social.
La propuesta, que une tres mociones presentadas por diputados de RN, UDI, Partido Republicano y Demócratas, así como independientes, recibió más de 90 votos a favor, entre ellos los del Partido Socialista.
En concreto, la iniciativa establece que la entrega de cada beneficio quede consignada en un Decreto Supremo fundado del Presidente de la República, el que posteriormente será objeto de toma de razón por parte de la Contraloría.
También plantea que no proceda el otorgamiento cuando la afectación, incapacidad o dificultad fuere consecuencia -por ejemplo- de la "exposición imprudente al riesgo" por parte del solicitante, ni tampoco cuando las personas hayan sido condenadas por pena de crimen o simple delito.
Para el diputado Johannes Kaiser (Bancada Social Cristiana), "este proyecto de ley es necesario porque se ha dado que la gratitud política se ha impuesto por sobre los criterios que son comprensibles para nuestros conciudadanos a la hora de entregar una pensión de gracia".
"Esos criterios no aplican a gente que vende pornografía infantil. A ese tipo de gente le entregaron pensiones de gracia. Y me podrán decir 'esto fue un error', pero yo no lo creo, porque se encuadra en aquello que -yo percibo- era la lógica de este Gobierno al entrar a la administración, y que era premiar a aquellos que se lo habían permitido a través de la violencia, el saqueo y el incendio", acusó el exrepublicano.
Tras la amplia aprobación de la Sala, el proyecto volverá a la Comisión de Desarrollo Social para su tramitación particular.
Y la presidencia de dicha instancia, Marlene Pérez (UDI), vio con buenos ojos el avance del proyecto, pues "viene a regular un instrumento que en un inicio era una forma de reconocimiento a quienes habían sido un aporte a la patria, pero lamentablemente después del estallido social esto se mal utilizó de una manera aberrante y se le entregó pensiones de gracia a delincuentes, a personas condenadas por homicidio, por robo, por violencia intrafamiliar. Esto no puede volver a ocurrir".
DIVISIÓN OFICIALISTA
Durante el debate, las bancadas de Apruebo Dignidad anunciaron su voto en contra de la idea de legislar, sin embargo, los socialistas apoyaron la propuesta, sobre todo considerando las enmiendas presentadas por el Gobierno.
"Este proyecto de ley, en su idea matriz, es importante y hay que aprobarlo porque lo que hace es restringir la discrecionalidad", sostuvo el diputado PS Leonardo Soto, puesto que "estos beneficios que entrega el Estado deben tener una rigurosa justificación humanitaria, desde el punto de vista del nivel socioeconómico, pero también de la legitimidad".
"Y no se puede entregar pensiones a personas que han cometido delitos, y delitos graves. Algunos incluso con posterioridad a recibirlas", subrayó el oficialista.
En contraste, la parlamentaria comunista Daniela Serrano advirtió que "este proyecto no es para desconcentrar las facultades que tiene el Presidente de la República. Es más bien un gusto político, de negar responsabilidades en vulneración de derechos que cometió el Estado, que son avances que hemos tenido que dar durante años, así que vamos a votar en contra".
Por su parte, la diputada de Convergencia Social Lorena Fries aseveró que la iniciativa "atenta contra las facultades del Presidente de establecer las pensiones de gracia, por eso lo vamos a votar en contra, privilegiando el proyecto que el Gobierno presentó en el Senado, que recoge muchas de estas cosas, en la confianza de que esto es regular las pensiones, no controvertir el derecho a reparación que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social".
La mentada propuesta del Ejecutivo también modifica la entrega de estos beneficios, aunque da más responsabilidad a la Comisión Asesora Presidencial, pero desde que fue ingresada en enero, su tramitación no ha avanzado en la Comisión de Constitución del Senado.
UN INTENSO DEBATE
El proyecto ha tenido un intenso debate en la Cámara Baja: por un lado, hay parlamentarios que insisten en los cuestionamientos al Presidente Boric por las pensiones de gracia entregadas; mientras que, por otro, afirman que hay un problema que viene desde los gobiernos anteriores.
"No se quiere eliminar la atribución del Presidente de la República, se quiere limitar, porque durante el estallido social y así titulan a los medios internacionales: 'homicidio tráfico y pornografía, al menos 58 beneficiados por las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social tienen antecedentes penales'. Esa es la imagen internacional de nuestro país cuando nuestro Presidente otorga pensiones de gracia a delincuentes", analizó el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas).
A esto replicó su par socialista Marcos Ilabaca, quien señaló que "si comenzáramos a sacarnos ese tipo de situaciones, diríamos que dentro de las 40 pensiones de gracia otorgada en nuestro país por estallido social, 17 fueron otorgados por el presidente Piñera. Por lo tanto, veamos de qué manera somos capaces de mejorar una institución que viene desde el año 1836".
REACCIÓN DEL GOBIERNO
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al avance del proyecto de los diputados en desmedro del presentado por el Gobierno.
"Las pensiones de gracia tienen por propósito conferirle a una persona un recurso acotado con la finalidad de aliviar por alguna circunstancia interés público, por eso es muy amplia", analizó el secretario de Estado.
Ante esto, indicó que "hay que tener cuidado con establecer causales que prescindieran de la extensión y fines con los cuales se utiliza. En algunos casos la pensión de gracia se ocupa con fines de reparación, en otros con fines asistenciales, en otros con razones médicas, entonces ambos proyectos coinciden en acotar la discrecionalidad".
"Los énfasis son distintos, uno es ex post y otro es ex ante, yo creo que hay que tratar de buscar una combinación entre ambas y creo que el gobierno no lo ve con ningún tipo de inconveniente", cerró.
