La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado de Chile responsable de vulnerar el principio de igualdad y la vida privada de Sandra Pavez, ex monja y ex profesora de religión a la que en 2007 se le prohibió dar clases por ser lesbiana, señaló este miércoles el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), entidad que representa a la docente.
Después de once años de investigación, la CIDH concluyó que el Estado chileno violó la vida privada y la autonomía de Pavez, el principio de igualdad y no discriminación, y también el acceso a la función pública y al trabajo en condiciones de igualdad.
Por estas razones, la Comisión denunciará a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolverá las sanciones al Estado suramericano.
"Estoy tranquila y emocionada porque se avanza en justicia. Hace 12 años que me arrebataron la docencia, una profesión que ejercí por más de dos décadas. Confío en que la Corte hará justicia con las sanciones", explicó la afectada.
Pavez era profesora de religión en un colegio municipal de Santiago desde 1985 hasta que en 2007 la Iglesia católica le revocó el certificado de idoneidad que le permitía ejercer su labor docente.
La profesora sostiene que esto ocurrió después de que admitiera que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer, y se negara a someterse a terapias psicológicas que le ofreció la Iglesia para revertir su orientación sexual.
"Las penas del infierno vinieron sobre mí. Se me dijo que negara lo que era, y negar eso es negarme a mí misma, soy un ser humano y no puedo negar lo que soy", explicó Pavez.
La Iglesia actuó bajo el amparo de un decreto del Ministerio de Educación vigente desde 1983 que regula la docencia de religión en los recintos educacionales y permite al clero decidir quiénes pueden dar clase en esa materia.
Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, explicó que "lo que hace el decreto es facultar a la autoridad religiosa del credo que corresponda, esto no está solo circunscrito a la Iglesia Católica, para determinar si una persona es apta para impartir clases de esa determinada religión, no desde el punto de vista moral o ético, sino que si tiene los conocimientos necesarios para impartir esa clase".
"Nosotros obviamente consideramos que no debe haber espacio para ningún tipo de decisiones arbitrarias en la aplicación de este decreto y por eso es que vemos también con mucha atención lo que se resuelva en definitiva en esta materia", dijo.
Largo camino judicial
El Movilh presentó entonces un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, que fue rechazado en noviembre del 2007 y ratificado en abril del año pasado por la Corte Suprema.
Ambos tribunales consideraron que el Estado chileno y la Iglesia no habían actuado de manera ilegal ni discriminatoria, algo que ahora contradice la CIDH.
En su resolución, la Comisión determinó que no sólo se discriminó a Pavez por su orientación sexual, sino que además no existieron "acciones concretas y deliberadas" para impedir ese tipo de violaciones.
"Por el contrario, el Estado las ratificó y reforzó mediante las decisiones de sus autoridades judiciales", sostuvo la CIDH.
Pavez destacó que este episodio, lejos de alejarla de sus creencias religiosas, reforzó su fe. "Soy una mujer creyente, sigo creyendo y voy a morir creyendo en dios", dijo.
Rolando Jiménez, dirigente del Movilh, aseguró que la resolución de la CIDH es "histórica" porque garantiza la no discriminación en el ámbito laboral y aclara que la libertad religiosa no es válida para excluir a personas por su orientación sexual.
"Estamos en presencia de una resolución con impacto internacional para los derechos LGBTI por todas las aristas que aborda. Nuestro reconocimiento para Sandra por vencer a dos gigantes responsables históricos de la homofobia y la transfobia: la Iglesia y el Estado", manifestó.
