El ex juez español Baltasar Garzón, uno de los impulsores de la presentación contra el Presidente Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, observó que un cambio en la gestión durante la crisis social, que inició en octubre del 2019, habría evitado esta acción.
La denuncia, que también respaldan la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro de Investigación y Desarrollo para la Democracia de Italia (CRED, por sus siglas en italiano), se basa en los hechos ocurridos durante el estallido social, tras los que -a su juicio- ha habido una "falta de justicia" en el país, factor clave para una eventual intervención de la CPI.
Para el ex magistrado -quien ordenó la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998-, "de haber tomado las decisiones oportunas (desde el Gobierno), esto no se hubiera producido".
"El artículo 28 del Estatuto de Roma es bastante claro a este respecto: la responsabilidad es del superior, que sabiendo que sus subordinados cometen presuntos crímenes de lesa humanidad, no adopta las medidas a su alcance para impedirlas", explicó.
Respecto a los informes internacionales que, tras observar lo ocurrido en Chile, no se formaron la convicción de que las violaciones a los DDHH fueran sistemáticas como ellos arguyen, Garzón apuntó que por lo mismo "pedimos que se dilucide y se califique esta sistematicidad y esa política general que describimos".
"Probablemente los organismos internacionales que en su momento intervinieron no tuvieron a la vista todos los datos que éste estudio y estas organizaciones que firmamos la denuncia hemos tenido ocasión de estudiar", sostuvo.
"CAMPAÑA INTERNACIONAL" PARA ENJUICIAR A PIÑERA
Desde Roma, el presidente del CRED, Fabio Marcelli, constató que "promovimos esta denuncia en contra del Jefe de Estado, señor Piñera, y varios exponentes de su Gobierno y también de las fuerzas policiales y Fuerzas Armadas chilenas por violaciones a los Derechos Humanos, por crímenes de lesa humanidad".
Sobre sus esfuerzos en este caso, el periodista indicó que "ya recolectamos la adhesión de muchas asociaciones de juristas en varios países europeos, latinoamericanos y de otras partes del mundo, y por lo tanto, iniciamos una campaña con la cual llevaremos a todo el mundo esta denuncia, para que se pueda armar un juicio en la Corte Penal Internacional".
A su vez, el presidente consultivo de la AAJ, el argentino Beunisz Szmukler, apuntó que "hace mucho tiempo que no teníamos en América del Sur, en pocos días, una cantidad enorme de víctimas que han perdido la vista de uno o de los ojos, centenares".
"Esta denuncia también pone en juego la efectividad de los organismos internacionales (...) la Corte tiene que actuar", enfatizó el jurista.
Por lo pronto, aunque el equipo seguirá siendo el mismo, en junio habrá cambio de fiscal en la CPI, por lo que se estima que si esta denuncia se analiza ahora, el nuevo persecutor podría querer volver a estudiar los antecedentes, dilatando el proceso, que ya se prevé que tomará bastante tiempo, desde varios meses a incluso años.
En ese sentido, los denunciantes han solicitado que dicha Fiscalía abra un "examen preliminar", en el marco del cual se formulen preguntas y soliciten explicaciones al Estado chileno, y de no obtener respuestas creíbles o consistentes, se abra una investigación formal.
DIPUTADO RN: "LOS TRIBUNALES TOMAN LAS DECISIONES, NO EL PRESIDENTE"
En la contraparte, el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que esta denuncia "no se justifica, en la medida de que el Presidente no es el que toma las decisiones judiciales, son los Tribunales, y ellos son independientes en nuestro país".
"Por lo tanto, no se condice una acción contra el Presidente que pretenda cuestionar decisiones de los Tribunales de Justicia, porque si las causas están cerradas o no se ha seguido con las investigaciones, es porque hay falta de antecedentes o principio de oportunidad, y si hay condena, es precisamente porque se reunieron los antecedentes para aquello", detalló el abogado.
La presentación también está dirigida contra los cuatro ministros del Interior que ha tenido Piñera durante este Gobierno, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y el actual, Rodrigo Delgado; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el anterior, Rodrigo Ubilla; los otroras titulares de Defensa, Alberto Espina y Mario Desbordes, y elhoy general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su predecesor, Mario Rozas.
