El Gobierno asignó "alta prioridad" a la extradición desde Australia de la exagente de la dictadura Adriana Rivas, de 70 años, sometida a proceso en nuestro país como coautora del secuestro calificado de opositores.
"Valoramos la decisión del Gobierno de Australia, el pasado mes de agosto, de conceder la extradición de la Sra. Rivas a objeto que retorne a Chile y enfrente los cargos por los que ha sido imputada", dijo la Cancillería a través de un comunicado.
En particular, a Rivas se le imputan delitos en los casos "Conferencia I", "Conferencia II" y el episodio "Reinalda Pereira", hechos en los que opositores a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en particular siete miembros del Partido Comunista, fueron asesinados y desaparecidos desde cuarteles clandestinos de exterminio en Santiago.
Rivas fue agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), organismo represivo que operó hasta 1978 bajo el mando de Manuel Contreras persiguiendo, apresando, torturando, asesinando y desapareciendo a militantes de izquierda y ciudadanos contrarios al régimen que derrocó al Presidente Salvador Allende (1970-1973).
El Gobierno señaló que "toma nota de la decisión de la defensa de la Sra. Rivas de impugnar la concesión de la extradición ante la Corte Federal de Australia, cuya primera audiencia de revisión se efectuará el próximo 14 de noviembre y a la que asistirá el embajador de Chile en Australia".
A fines de septiembre, la defensa de Rivas presentó un nuevo recurso para que se anule la decisión de la justicia australiana, así como para impedir que cualquier fiscal, ministro o funcionario la entregue a Chile.
"Este asunto se encuentra actualmente ante el Tribunal Federal de Australia", dijo en ese entonces la oficina del fiscal general australiano, Mark Dreyfus, acotando que "no sería apropiado" comentar más sobre este asunto en este marco.
Al cierre de su comunicado, la Cancillería agregó que "reiteramos nuestro profundo compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como con la necesidad de que los responsables de graves crímenes rindan cuentas ante la justicia chilena".
