El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aclaró su rol en la acreditación de las pensiones de gracia y aseguró que estos beneficios fueron entregados bajo una glosa de afectación que no incluía su intervención.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, explicó que "desde el primer momento señalamos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no cuenta con todas las características ni puede cumplir los estándares para acreditar como las comisiones acreditadoras lo han hecho antes en Chile".
"Lo señalamos a los distintos gobiernos -continuó-, sin embargo, estábamos obligados por la ley de presupuestos a seguir con este proceso adelante".
Además, indicó que "nunca, nunca nos pidieron que llegáramos con más antecedentes de los que nosotros habíamos enviado las carpetas".
El INDH aparece como interviniente en la glosa de acreditación, parte de la ley de presupuestos que se da durante 2021 y 2022, donde se establece que el organismo debía acreditar a las víctimas de violencia estatal desde el 18 de octubre de 2019, pero no aparecen en la glosa de afectación que considera como beneficiarios a personas afectadas en el contexto de las manifestaciones.
En julio del 2021, el exdirector del INDH Sergio Micco envió un oficio solicitando información al entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que le respondió que el procedimiento para solicitar pensiones era simple y desformalizado, y que sólo requería hacer una presentación por escrito al Presidente de la República con datos de contacto y motivos para solicitar la pensión.
Pese a que el INDH recopiló antecedentes y acreditó 442 casos, el Ejecutivo entregó las pensiones por lo que ellos llamaron las amplias facultades del Presidente que se establece en la ley.
GOBIERNO INSISTE EN QUE NO ERAN NECESARIOS LOS ANTECEDENTES PENALES
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró que "no existía el requisito de pedir antecedentes penales para entregar las pensiones de gracia, no era una obligación para este gobierno, ni para el anterior. Nunca había sido requisito y, por lo tanto, lo primero que yo hice fue cambiar el manual para que hoy día sea requisito".
"¿Cuál es la segunda decisión que tomamos? Bueno, revocar pensiones de gracia a personas que tienen antecedentes penales, decisión que ya se comunicó a la opinión pública y que el Presidente, durante el transcurso del día de hoy, va a revisar toda la propuesta que ha hecho la comisión asesora y determinará a qué personas y cuántas pensiones de gracia se revocan", anunció.
Finalmente, el senador Javier Macaya (UDI) señaló en Cooperativa que "este es un modus operandi que fue impulsado desde la izquierda, y un premio a la -entre comillas- trayectoria de personas que participaron en hechos violentos. Desde alguna u otra manera sirvieron también para la validación de las tesis políticas que hicieron que quienes gobiernan hoy día llegaran al poder. No solamente se validó a las personas que cometieron hechos graves, sino que también se trató de afectar a una institución como Carabineros".
