Alejandro Solís culpó a los agentes del homicidio de Lumi Videla y la desaparición de su esposo, Sergio Pérez Molina, hechos ocurridos en septiembre de 1974.
El juez Alejandro Solís dictó acusaciones contra siete ex represores que formaron parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), entre ellos su otrora director Manuel Contreras, por el asesinato de dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
En la resolución, difundida este lunes, el magistrado acusó al general en retiro Contreras de los delitos de homicidio en contra de Lumi Videla Moya y de secuestro en contra de Sergio Pérez Molina, detenidos el 21 y 22 de septiembre de 1974, respectivamente.
El magistrado, además, acusó como autores del asesinato de la profesora y dirigente del MIR a los ex brigadieres del Ejército y oficiales de la DINA Miguel Krassnoff y Cristoph Willeke, al ex coronel Marcelo Moren, al general (r) Francisco Ferrer, al suboficial Basclay Zapata y al coronel (r) de Carabineros Ciro Torré.
En tanto, acusó como autores del secuestro de Pérez Molina, marido de Lumi Videla y hasta ahora desaparecido desaparecido, a Contreras, Willike, Krassnof y Torré.
El abogado de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), Federico Aguirre, se declaró conforme con la resolución, que es la antesala de la sentencia definitiva.
"Con la formulación de cargos concretos contra los responsables de los secuestros y homicidios perpetrados contra Lumi y Sergio se cierra la etapa de investigación y se avanza en la determinación de las responsabilidades penales", dijo Aguirre.
En la misma línea se mostró el abogado querellante por hijo y familiares de Videla y Pérez Molina, Iván Villagra, quien valoró que "se ha logrado establecer la identidad del todo el grupo que tortura hasta la muerte a Lumi Videla, además de los mandos de la casa de tortura de José Domingo Cañas".
Según estableció el juez Solís, Lumi Videla fue detenida por agentes de la DINA en una calle del sector sur de Santiago y trasladada dicho recinto, donde murió el 3 de noviembre de 1974 víctima de los intensos apremios a los que fue sometida.
Su cadáver fue lanzado horas después por agentes del aparato represor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) al interior de la embajada de Italia, que en ese tiempo acogía a varios centenares de asilados políticos.
El régimen militar hizo circular la versión de que el homicidio había ocurrido en medio de una orgía entre los refugiados.
En tanto, Sergio Pérez fue detenido en su domicilio y trasladado al mismo recinto de reclusión, donde los agentes le aplicaron todo tipo de torturas.
Entre el 26 y 27 de septiembre, según la investigación, fue sacado en estado agónico del lugar, sin que hasta ahora se tenga noticia alguna de su paradero.
"Los crímenes de Lumi y Sergio han quedado durante todos estos años en la más absoluta impunidad. Recién 30 años después de ocurridos los hechos, es posible avizorar que sus asesinos serán finalmente condenados por la justicia", dijo el abogado Aguirre.
El abogado agregó que Codepu, como querellante en el caso, espera que estas sentencias se conozcan a fines de este año. (Cooperativa.cl/ EFE)
