El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció este lunes la implementación de un plan piloto que busca favorecer y agilizar el encuentro de familias en casos de adopciones e inscripciones irregulares en Chile, una investigación que lleva adelante la justicia y que incluye cerca de 700 denuncias de desaparición forzada de menores entre 1973 y 1990.
Según se ha dado a conocer, estos hechos afectaron a cientos de niños chilenos que, de manera ilegal, fueron adoptados por familias extranjeras, en base a engaños a los padres biológicos a quienes incluso se les decía que el niño había nacido muerto.
Esta investigación, que está llevando a cabo el ministro Jaime Balmaceda, va a remitir un listado de priorización de aproximadamente 200 casos al Servicio Médico Legal (SML), para que se proceda y colabore en conjunto a la ONG "Nos buscamos", que tiene una alianza con un banco internacional genético.
Con esto se busca que, mediante la muestra de ADN, se pueda hallar a otra persona que está en el extranjero y que tenga algún lazo familiar con alguno de los afectados con esta situación.
Sobre los detalles de esta iniciativa, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló que "quien da los antecedentes para investigar son los tribunales de justicia, quien encare este trabajo es el Servicio Médico Legal y buscamos con este convenio procurar en un plan piloto indagar a ver si buscando distintos mecanismos, como estos bancos genealógicos internacionales, podemos encontrar a las mamás y a los hijos correspondientes".
"Sería una enorme contribución a un proceso que es un escándalo y que es una deuda del Estado de Chile", puntualizó el secretario de Estado, quien también informó que el plan piloto tendrá una duración preliminar de un año.
REACCIONES A LA INICIATIVA
En tanto, Constanza del Río, de la Fundación Nos Buscamos, que es parte de este plan piloto, advirtió que "la gran mayoría de estas mamás o de estas familias viven en el sur de Chile, por lo tanto, solicitarles a ellas que se dirijan a una fundación que se encuentra en Santiago, porque nosotros no tenemos los recursos para ir hacia ellas, es muy complicado".
"Por lo tanto, este paso que está dando el Gobierno junto con el Servicio Médico Legal es un gran logro por el que hemos trabajado con el Ministerio y con el SML desde hace cuatro o cinco años", destacó la representante de la ONG.
Pese a esto, hay otras organizaciones que no están muy de acuerdo con este plan, sobre todo por el convenio con el banco genético internacional, dado que -aseguran- prefieren un ente que sea de carácter nacional.
"Es un contrato que va a otorgar fondos a una ONG para comprar kits de ADN internacional que nosotros hemos usado, pero que no tiene los estándares necesarios para reemplazar el Banco de Huellas Genéticas de ADN Nacional que hemos solicitado desde que se aprobaron las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputados el año 2019, puntualizó Ana María Olivares, de la Fundación Hijos y Madres del Silencio.
