El Tribunal Constitucional (TC) declaró este jueves ilegítimo el proyecto de ley que prohíbe el negacionismo de los abusos y crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet y dejó en interrogante la discusión de la norma, que estaba a la espera de aprobarse en el Senado.
Tras el requerimiento de Chile Vamos, el pleno del TC acogió por voto de mayoría las tres impugnaciones presentadas: la primera, que acusa "vicio constitucional" por no haber sido votado con quórum calificado por los diputados; el segundo, que la iniciativa se "desvinculó" de sus ideas matrices sobre tipificación de los discursos de odio.
Y la tercera cuestión, la más criticada por la derecha, era que la propuesta supuestamente vulnera la garantía fundamental de la libertad de expresión, reclamo que el Tribunal acogió y por seis votos contra dos la declaró inconstitucional.
La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto a mediados de septiembre, en primer trámite legislativo, por lo que aún quedaba pendiente la discusión en el Senado.
La diputada Carmen Hertz (PC) criticó la decisión del TC y aseguró que "ese punto de la declaración del Tribunal es absolutamente falso, derechamente lo digo".
"El derecho internacional de los derechos humanos hace mucho que ya zanjó la supuesta colisión, y no hay tal colisión, porque la libertad de expresión no es absoluta, tiene límite, porque si no, no existirían los delitos de calumnia ni de injuria, y uno de ellos límites es precisamente la dignidad y la honra de las personas", expuso la abogada.
"Y en un país que ha vivido historia de opresión como el nuestro, el negar, aprobar o justificar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra los disidentes políticos vulnera la dignidad y la honra", sostuvo.
En la Cámara Baja esperarán a conocer la sentencia en detalle para analizarla, antes de determinar el futuro del proyecto.
Una de las normas del proyecto, presentado en 2017, buscaba penalizar con hasta tres años de cárcel a quienes "justifiquen", "aprueben" o "nieguen" las violaciones a los derechos humanos del régimen cívico-militar de Pinochet.
Pero diversas organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Human Rights Watch (HRW) pidieron que se rechazara la ley por considerar que atenta contra la libertad de expresión, lo que generó polémica en nuestro país, con la propia parlamentaria comunista criticando a José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.
