El abogado Felipe Olea, que representa a 68 familiares de 37 víctimas fatales del megaincendio de febrero en la Región de Valparaíso, enfatizó la necesidad de esclarecer una presunta actuación negligente de las autoridades en las consecuencias mortales y materiales de la catástrofe, por cuyo origen ya hay dos imputados -un voluntario bombero y un funcionario de la Conaf- como responsables directos.
La querella, dirigida contra todos quienes resulten responsables, acusa dos delitos: de incendio con resultado muerte, que apunta a los culpables del inicio del fuego, y de cuasidelito de homicidio, en el que "creemos que han intervenido las autoridades, por su desidia, su negligencia, su falta de preparación y de cumplimiento de sus obligaciones" al gestionar la emergencia, dijo el jurista en El Diario de Cooperativa.
Relevó en ese marco que la Fiscalía haya solicitado al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y a la Municipalidad de Viña del Mar informen si existieron o no planes especiales orientados a prevenir y responder a este tipo de emergencias.
"Es interesante porque hoy tenemos claridad de quién inició el fuego, pero no sabemos lo que pasó entre las 12:00 horas (hora aproximada a la que ya estaban encendidos los cuatro focos simultáneos) y las 19:00 del fatídico viernes 2 de febrero, cuando el fuego arrasa y genera esta hecatombe en diversas poblaciones de Viña del Mar y Quilpué", sostuvo Olea.
"Existe una franja horaria, de siete horas, y física, de muchos kilómetros por donde avanzó el fuego, en que las responsabilidades no están claras", puntualizó.
"No existe duda de que los dos imputados son los responsables inmediatos, ellos causaron la chispa", aclaró, "pero -enfatizó- nos parece que la muerte de 137 personas y la destrucción de poblaciones, que el incendio haya mutado de forestal a urbano, es responsabilidad de autoridades que, desgraciadamente, aquel día no dieron el ancho y en siete horas no supieron reaccionar".
ESPERA QUE AUTORIDADES SEAN IMPUTADAS
Olea afirmó que "hay distintas responsabilidades: tenemos que revisar la responsabilidad de los organismos de emergencia, Senapred y Conaf, pero también la responsabilidad política de los municipios en la dirección de una emergencia de esta naturaleza".
"Nos tenemos que preguntar cuál fue el rol que desempeñó, por ejemplo, la alcaldesa (Macarena) Ripamonti, tanto antes y durante la emergencia. ¿Existió coordinación, hubo liderazgo? Cada día nos enteramos con mayor pavor de que ni siquiera existió comunicación", continuó.
El querellante fustigó que "en Chile estamos acostumbrados a que las responsabilidades ni siquiera sean políticas".
"Hemos visto cómo en estos tres meses las autoridades intentaron, de alguna forma, pasar piola, cubrirse, hacerse a un lado, dejando que la investigación apuntara a los responsables inmediatos. Y cuando fueron encontrados, muchas autoridades, incluida Ripamonti, señaló que teníamos que estar tranquilos y de alguna manera empezó a dar por cerrada la investigación", recriminó.
Por ello, dijo que esperan que "se formalice a cada autoridad, sea la alcaldesa, el exdirector del Senapred, o algún coordinador, porque si existe una responsabilidad, esa persona pecó de omisión; no creo que ninguna persona haya tenido la intención de provocar fallecimientos y que se transformara en una hecatombe, pero debemos revisar si dentro de sus facultades cumplieron con debida diligencia".
En esa línea, "más allá de que dudo de que alguna autoridad pague con cárcel, lo importante es el precedente: lo que buscan mis representados es que quienes tenían el deber de garante para haber efectuado la evacuación y salvar estas vidas, y no lo hicieron, tengan una responsabilidad".
"No puede ser que se la lleven libre de polvo y paja, que sólo baste un par de lágrimas y emocionarse, y con ello cubrir el halo de irresponsabilidad que tuvieron", sentenció.
Olea presentó la querella a fines de marzo, inicialmente en representación de las familias de 17 fallecidos de la Villa Independencia de Viña del Mar.
