La Cámara de Diputadas y Diputados se pronunciará este miércoles sobre la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, jornada en la que se definirá si el libelo sigue su curso y pasa al Senado o es desestimado.
El texto de la acusación consta de siete capítulos, que apuntan principalmente a la vulneración del derecho de los padres a educar a sus hijos. El trabajo de la comisión revisora comenzó esta semana, con expertos invitados.
El diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), miembro de esta comisión, dijo esperar que en el proceso "prime la cordura".
"En base a lo expresado y a lo que hemos podido escuchar y analizar de nuestros invitados e invitadas, esta acusación no tiene ninguna viabilidad real. Es más bien, una acusación de corte político, con legítimas diferencias que se pueden tener, pero no hay argumentos suficientes para que se apruebe", aseguró.
"Espero que en la Cámara prime la cordura y ningún ánimo de otro tipo, y efectivamente esta acusación sea rechazada", añadió el excandidato presidencial.
CASO JUNAEB
En la oposición defienden que la acusación siga su curso y el diputado Diego Schalper (RN) hizo especial hincapié en la reciente acusación de irregularidades en la Junaeb, en la que -asegura- que el ministro tiene responsabilidad.
"Pillamos una irregularidad y las preguntas que está haciéndose la defensa son dos: uno, ¿el ministro no tiene deber de control directo, porque es un servicio dependiente? O sea, decir que el ministro de Educación no tiene nada que ver con que se produjo una cosa como eso en la Junaeb, nos parece escandaloso. Y lo otro (que dice la defensa) es que estos hechos no dicen relación con la acusación... Perdón, el capítulo sexto de la acusación explícitamente se refiere a estas licitaciones, estos sobrepagos y esta situación en particular", manifestó Schalper.
Sin embargo, el diputado y presidente de la comisión, Héctor Ulloa (independiente-PPD), apoya que la denuncia sobre la Junaeb no es parte de la acusación constitucional, por lo que no debería ser tomada en cuenta al momento de la votación.
DEFENSA NO VE SUSTENTO EN LA ACUSACIÓN
La defensa del ministro Ávila, el abogado Francisco Cox, puntualizó que "esta acusación me atrevería a decir que es como la acusación de los eslóganes, más que de las causales constitucionales para acoger una acusación constitucional, y esto porque se hacen eslóganes, por ejemplo, se viola el derecho preferente de los padres, pero después cuando se ven los capítulos respectivos, no se concretiza ninguno de esos eslóganes".
"No veo sustento alguno para esta acusación constitucional, es más, me parece que es procedente que esta acusación fuera desestimada en la cuestión previa", añadió.
Por su parte, la diputada Lorena Pizarro (PC) señaló que "según lo que hemos conocido de lo que está en la discusión, el diputado Tomás Hirsch de nuestro comité es parte del sorteo, y señala que no hay argumentos. Todos los abogados penalistas incluso que se han llevado del otro lado, no hay argumentos para esto. Espero que se rechace si de verdad estamos hablando de recuperar la credibilidad en la gente".
Mientras que la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo que "finalmente podemos hacer un juicio político al ministro Ávila, pueden haber algunos que creen que su gestión no ha sido de lo mejor, evaluémoslo, pero de ahí a que él se haya saltado la Constitución, esa es otra cosa y eso es lo que se está evaluando con la acusación"
De ser aprobada en la Cámara y el Senado la acusación constitucional, el ministro Ávila sería destituido y quedaría inhabilitado para cargos públicos por los próximos cinco años.
