En un extenso comunicado de prensa, la Tesorería General de la República defendió su ofensiva de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), y reveló que ya son 1.500 las personas que han sido sometidas a embargos.
La insititución indicó que hay "más de 550 mil personas (que) no han cumplido con sus obligaciones de pago" asociadas CAE y, "como consecuencia de ello, el Fisco ha debido cubrir dichos créditos ante los bancos respectivos, acumulando a la fecha una deuda a su favor superior a los $4 billones (millones de millones) de pesos".
Ante este panorama, y "en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley", la Tesorería está "desarrollando una estrategia cuyo objetivo es recuperar aquellos recursos públicos que han sido desembolsados por el Estado y que deben reintegrarse al patrimonio fiscal", explicó.
"A la fecha, más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que corresponde a un 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios": 32 mil personas que se han acercado a la TGR y renegociado pagos "que consideran la situación económica acreditada de cada persona", afirmó la entidad.
"Hemos dispuesto alternativas que incluyen condiciones especiales para quienes tengan menores niveles de ingreso con el propósito de facilitar la regularización de estas obligaciones", señaló en la misma nota de prensa el tesorero general, Hernán Nobizelli.
La advertencia de la Tesorería a los deudores CAE que no han regularizado su situación
Los embargos se han dirigido, en cambio, a "casos en que se han ofrecido alternativas de pago acordes a la capacidad económica disponible y no ha existido respuesta por parte del deudor".
"Es importante precisar que, a la fecha, la mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al Año Tributario 2025, disponibles al momento de iniciarse en abril del presente año la estrategia de cobro de las deudas CAE", explicó el organismo.
"Quienes actualmente se encuentren cesantes, pueden presentar los antecedentes que acrediten dicha situación en la Oficina Virtual de Trámites de TGR mediante un certificado de cotizaciones previsionales y un finiquito. Este trámite permite acceder a un pie y cuotas de 1 UTM", continuó.
Enfatizó, luego, que "el proceso de cobro continúa desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales", y que "el hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar".
Por tal motivo, reiteró el llamado a quienes mantienen deudas asociadas al CAE "a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país".
Un "cobro coactivo" respaldado por la Justicia
La Tesorería también destacó -en el mismo comunicado- que un fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Arica rechazó un recurso de protección interpuesto en su contra, "validando (tal resolución) el marco legal que faculta (...) efectuar el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado".
"La sentencia (...) rechazó la acción presentada por un deudor que buscaba dejar sin efecto un mandamiento de ejecución y embargo emitido por la Tesorería Regional de Arica y Parinacota en el marco de un procedimiento administrativo de cobro" y, en consecuencia, "ratifica la aplicación del procedimiento de cobro coactivo respecto de las deudas CAE una vez que la garantía estatal se hace efectiva y los montos adeudados pasan a formar parte del patrimonio fiscal".
"Este pronunciamiento se suma a los más de 450 recursos de protección declarados inadmisibles por la Corte Suprema en materias relacionadas con el cobro de estas acreencias", apuntó la TGR.
Consecuentemente, prometió seguir "ejerciendo las acciones que la ley le confiere para la recuperación de recursos públicos, resguardando el debido proceso y promoviendo alternativas de regularización para quienes mantengan obligaciones pendientes con el Fisco".
