El militar en retiro fue hallado responsable de asesinato extra judicial, tortura, tratamiento cruel e inhumano y crímenes de lesa humanidad.
En tanto, de los cuatro millones de dólares de castigo que deberá cancelar el ex agente de la DINA, tres van a la viuda y las dos hijas y un millón para sus tres hermanos.
La familia de Cabello Bravo recibió el veredicto "en nombre de los asesinados por la Caravana" y anunció que "la lucha continúa".
"Este paso que se ha dado en Miami es vital para hacer vigente la discusión sobre las atrocidades de Pinochet en Chile", dijo Susan Cabello, de 31 años, hija del asesinado.
Aldo Cabello, hermano de la víctima y uno de los demandantes de Fernández Larios, completó la frase de su sobrina haciendo un llammiento a las autoridades chilenas para la eliminación de la Ley de Amnistía de 1978.
"Hacemos un llamado al gobierno chileno para que se elimine una ley aprobada por Pinochet en 1978 para salvar a sus asesinos y torturadores", señaló.
Zita Cabello Barreto, hermana de la víctima, indicó que "se ha hecho justicia" y anunció que "en el caso de que se logre cobrar algo de las compensaciones económicas otorgadas, el dinero será para el Centro de Justicia y Responsabilidad", institución con sede en San Francisco (Estados Unidos), que ayudó a la familia a plantear el caso ante la justicia.
Por su parte, el abogado de Fernández Larios, Steven Davis, dijo que su cliente apelará la sentencia y añadió que éste, "sólo gana 50.000 dólares anuales como gerente comercial de una chapistería de Miami y no tiene cómo pagar la condena".
Davis añadió que respetaba "la decisión del jurado, pero apelaremos", y señaló que aplicar una sentencia "condenatoria de conspiración en un caso que se desarrolla en un contexto militar, es (una situación) difícil".
El peso de la ley sobre el ex agente
Winston Dwight Cabello Bravo, muerto a puñaladas y por disparos en la madrugada del 17 octubre de 1973 al lado de una carretera desierta del norte chileno, fue una de las 72 personas asesinadas por la comitiva militar.
Fernández Larios está acusado de haber participado directamente del homicidio.
El ex militar se entregó a la justicia de Estados Unidos -país donde reside desde 1987- y fue condenado a tres años de prisión por su participación en el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, ocurrido en 1976 en Washington.
El mayor en retiro está requerido entre otros juicios, en el proceso en Argentina por el asesinato en Buenos Aires, en 1974, del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y en Chile, en el que se sigue por la muerte del ejecutivo de Corporación del Cobre (Codelco), David Silberman, ultimado en Calama en 1973.
En el juicio civil iniciado contra Fernández Larios en Miami fueron invocadas dos leyes del siglo XIX usadas para prevenir crímenes de piratería: la Alien Tort Claims (Reclamo por torturas en el extranjero) y la Torture Victim Protection Act (Protección a las Víctimas de Tortura).
