El ex asesor medioambiental Marcelo Canales pidió a Contraloría investigar su denuncia de corrupción al interior de la empresa estatal ENAP Refinerías Biobío, con sede en la comuna de Hualpén.
Canales denuncia que en 2014 existió un arreglo de contratos al interior de la institución, con un perjuicio al Fisco de 200 millones de pesos, apuntando a ejecutivos como el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos, Ricardo Soto, y el gerente de ENAP Biobío, Patricio Estay.
El denunciante asegura que ENAP firmó un contrato con la empresa Best Enviromental Solutions (Besten) para la realización de un estudio de impacto ambiental por 308 millones de pesos, cuyos resultados nunca se presentaron al Servicio de Evaluación Ambiental.
Además, asegura que este estudio podría haberse adjudicado a otros por un precio menor, cercano a los 100 millones de pesos.
"Yo lo que busco es que estos señores que están cometiendo estas irregularidades paguen, porque este es el dinero de todos nosotros y ellos se están arrogando derechos que no les corresponden, eso es lo que más me molesta, porque ya está bueno que terminemos con la corrupción", recalcó.
Respuesta de ENAP
Desde la empresa, el gerente de Asuntos Corporativos, Gabriel Méndez, aseguró que le llama la atención que la denuncia de Canales haya surgido después de su despido, aunque valoró una posible intervención por parte de Contraloría.
"Sin perjuicio de que estas alegaciones son hechas por el ex trabajador al momento de su despido este año, asociado a una acusación de acoso laboral, de todas manera lo que corresponde es que se iniciase la investigación", sostuvo.
"Cualquier investigación de parte de Contraloría, un organismo neutral, objetivo, que va a hacer una investigación rigurosa, nos deja tranquilos y obviamente nosotros nos vamos a poner a disposición", dijo Méndez.
Ante estas palabras, Canales reiteró que él denunció estos hechos desde 2015, cuando aún trabajaba en la institución.
Cabe recordar que ENAP ya inició una auditoría interna por este hecho, mientras se espera el plazo de 10 días que tiene la Contraloría para definir si investigará la denuncia de Canales.