Parlamentarios presentarán un proyecto para bajar a un 5 por ciento las utilidades de las distribuidoras.
Expertos coinciden en la necesidad de modificar la legislación actual para bajar los precios.
El Gobierno impulsa una mesa técnica para regular el cambio de medidores.
A un mes y medio de la polémica por los medidores inteligentes, parlamentarios apuntan a bajar la tasa de rentabilidad de las empresas eléctricas, que se encuentra asegurada en un 10 por ciento por ley.
Después de que el ex ministro Máximo Pacheco reconociera un "golazo" de las empresas eléctricas con la obligación de cambiar los medidores, los parlamentarios se han centrado en fiscalizar el funcionamiento de las distribuidoras de energía eléctrica.
El senador Álvaro Elizalde (PS) presentará una moción parlamentaria con la que se "reduce a la mitad las utilidades de las empresas eléctricas, fijando nuevos tramos de piso y techo, rebaja que debe ser traspasada a la tarifa de los usuarios".
"La modernización del área eléctrica no puede ser carga solo de los usuarios, sin que se toquen las utilidades de las empresas. Las empresas deben compartir este cambio", precisó.
Para el académico de Ingeniería Eléctrica y experto en regulación energética de la Universidad Católica, Hugh Rudnick, esta rentabilidad "estaba bien para los años 80, pero hoy día se considera que es alta. Esta tasa se quedó en el tiempo, no responde a una realidad de riesgo que enfrentan hoy día las empresas".
"Estamos atrasados en la necesidad de bajar la tasa y yo creo que todo apunta a que más temprano que tarde vamos a tener una reducción de estas tasas. La fijación tarifaria con una tasa menor, menores utilidades para las empresas, pueden bajar los precios", indicó.
Mientras tanto, este viernes se realizó la cuarta reunión de la mesa técnica impulsada por el Gobierno, liderada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en la que también participan las empresas eléctricas, con el fin de revisar los incentivos y protocolos relacionados con los cambios de medidores.
Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) aseveró que "esto es una ley que nadie la quiere, que la gente se resiste, se siente abusada, es una ley que no concita apoyo popular y por lo tanto se lo planteamos al ministro, que deje de lado este tema, que se postergue incluso la implementación de este recambio".
"Lo más importante, que sea la empresa la que asuma, tanto el costo social como el costo económico de una medida que nadie quiere", aseveró.
