Luego de que el Gobierno anunciara que el cambio de medidores antiguos por unos inteligentes será un proceso voluntario, Conadecus afirmó que esto no resuelve el problema de fondo para los usuarios y confirmó que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) por la ley que traspasó la propiedad de los dispositivos a las empresas eléctricas.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, dijo a Cooperativa que la ciudadanía ha tenido nula participación en el debate y apuntó que el hecho de que el costo de este cambio sea asumido por los clientes, a pesar de que los nuevos medidores será propiedad de la compañía eléctrica, constituye una vulneración constitucional.
"Nosotros creemos que esta ley es inconstitucional y vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que lo declare, por lo tanto aquí el Gobierno, lo que debiera hacer, es que no se aplique la ley, se paralice su aplicación, porque claramente lo que hay que hacer es modificar la ley", indicó el dirigente.
"El Gobierno está dando palos de ciego", enfatizó Calderón.
Oposición: Que proyecto para regular rentabilidad "no tenga letra chica"
El Ejecutivo anunció, además, un proyecto de ley para regular la tasa de rentabilidad de las empresas eléctricas, que se encuentra asegurada en un 10 por ciento por ley.
La iniciativa presentada por La Moneda busca bajar la tasa de rentabilidad a un 6 por ciento ó 7 por ciento.
Desde la oposición pusieron la lupa en el tema de la rentabilidad y acusaron que es una de las grandes asimetrías del sistema, que data de la década de 1980.
"Los menores costos de la energía, que en Chile han caído un tercio de lo que era hace poco tiempo atrás, no se está traspasando a los consumidores. Eso es un abuso y está en el modelo de negocios que está detrás, no es el tema de cómo se mide el gasto de la energía", cuestionó el senador independiente Alejandro Guillier.
En la misma línea, el senador y timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, el drama de los medidores ha sido que ha desnudado un tema que es mucho más de fondo, y es que estas empresas tienen utilidades que son extremamente altas y están perjudicando a los consumidores".
"Por eso (existe) esa sensación de abuso generalizado y esperamos, por lo tanto, que en la tramitación de esta iniciativa no haya letra chica", agregó el parlamentario.