El profesor de derecho constitucional Jorge Contesse afirmó a El Diario de Cooperativa que hay "inconsistencia" en el marco legal chileno, que permite que uniformados que han sido condenados y que no tengan pena aflictiva obtengan beneficios o salidas alternativas y eso les permita seguir en la administración pública.
"La ley de bases de la administración del Estado dice muy claramente que las personas que hayan sido condenadas por crimen o simple delito no pueden ingresar a la administración del Estado, y acá es donde esto se conecta con la ley que establece las medidas alternativas de cumplimiento", dijo el profesional.
"La ley, lo que hace también, es exceptuar a las personas que quieran postular a las Fuerzas Armadas o de Orden, respecto de la eliminación o la omisión de estos antecedentes", apuntó el abogado chileno radicado en Estados Unidos.
"El legislador no quiere que personas que hayan sido condenadas, aún cuando hayan recibido medidas alternativas de cumplimiento, puedan ingresar a las filas de las Fuerzas Armadas y de Orden", detalló Contesse.
En tal sentido, "se produce una cierta inconsistencia, a mi juicio, en que no obstante el legislador quiere poner sobre aviso a las instituciones armadas de que hay personas que hayan sido condenadas, que quieren postular e ingresar a sus filas, no se produce lo mismo cuando esas personas, ya estando dentro, son condenadas", dijo el profesional.
"La ley y, particularmente interpretaciones administrativas que ha hecho la Contraloría General de la República, entienden que esas personas pueden seguir en servicio activo", resaltó el abogado.
"Hay un caso que es emblemático, que es el del cabo Walter Ramírez, que mató a Matías Catrileo el año 2008 y este tema tuvo alguna connotación pública en diciembre de 2012, cuando se supo que había un dictamen de Contraloría que autorizaba a este cabo a seguir en servicio activo", explicó Contesse.
"La ley, más las interpretaciones de Contraloría, permiten, permitieron y permitirán en el futuro que una persona en esas condiciones siga prestando servicios, en este caso a Carabineros o eventualmente a alguna otra rama de las fuerzas de orden o de las Fuerzas Armadas", concluyó el académico.
Investigación del Gobierno
El Gobierno anunció una investigación por el informe que señala que unos 400 uniformados siguen en funciones, pese a que existen condenas por diversos delitos y faltas en su contra.
"Mi impresión es que él (ministro de Justicia, José Antonio Gómez) está confundiendo dos cosas: él habla de los beneficios penitenciarios y entiende que se están otorgando con cierta laxitud. Los beneficios penitenciarios son distintos a las medidas alternativas de cumplimiento de la pena, son dos sistemas diferenciados", remarcó el abogado.
Contesse añadió que Gómez "está pensando en, estrictamente, el reglamento de establecimientos penitenciarios, donde se establecen los beneficios que dependen de Gendarmería".
"Él está preocupado porque se ha verificado que en casos de condenados por violaciones a los derechos humanos hay cierta laxitud en la manera como Gendarmería ha estado otorgando estos beneficios", concluyó el profesional.
