Tras seis jornadas de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó arraigo nacional y firma quincenal para los generales en retiro de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, imputados por su presunta responsabilidad de mando en los delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social.
El tribunal decretó estas medidas menos gravosas atendida la gravedad de los delitos y la colaboración prestada en la causa por los jefes policiales de la época. La decisión fue resuelta tras cinco días de presentación de cargos y posterior discusión de cautelares, con un receso de casi dos semanas entre medio.
La Fiscalía Centro Norte justamente había solicitado aplicar tales cautelares, en acuerdo con los imputados; mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pidió arresto domiciliario y algunos de los querellantes, prisión preventiva e incluso la prohibición de portar armas de fuego.
El juez Cristián Sánchez explicó que "el tribunal, al efecto, siempre ha indicado que la prisión preventiva debe ser guardada para aquellos casos en que dadas las circunstancias comisivas concretas, ameriten y hagan indispensable el régimen de prisión preventiva, ya que sin él la vida comunitaria se hace altamente difícil de sobrellevar, y me parece que este no es el caso".
"A lo anterior, debe agregarse la conducta cooperadora de los imputados en palabras de la propia Fiscalía, y la inexistencia de hechos que hayan perjudicado y retrasado gravemente la investigación. Así, no se observa entonces un peligro procesal relevante", agregó.
Terminada la audiencia este jueves, el persecutor que lleva la causa, Xavier Armendáriz, planteó que "al Ministerio Público le interesa dejar en claro que el tribunal ha recogido en su integridad la postura acusatoria".
"Es decir, que se trata de una investigación que efectivamente da cuenta de la comisión de los delitos de apremios ilegítimos, y de una actitud omisiva del mando respecto de ellos", subrayó el fiscal.
Durante las réplicas expuestas ayer miércoles, el fiscal Armendáriz argumentó que, aunque Carabineros sí impartió instrucciones tendientes a evitar hechos de violencia policial tras el 18 de octubre, "no hubo esfuerzo" para fiscalizar el cumplimiento por parte de los uniformados.
"Nunca hemos dicho que no desarrollaron ninguna actividad, pero lo que interesa son otras: las realmente efectivas, idóneas, eficientes, mantenidas en el tiempo y supervisadas para que efectivamente impidieran la ulterior comisión de los apremios legítimos por los subordinados; o sea, no hubo este esfuerzo que constituye el núcleo de la imputación de los delitos de omisión", explicó ayer el persecutor.
El tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Durante es periodo, los generales (r) deberán concurrir cada viernes por medio a dependencias de la Fiscalía para realizar la firma quincenal.
QUERELLANTE DESTACA HITO Y DEFENSA PIDE CAUTELA
Para la abogada querellante Karina Fernández, "lo más importante es que, a cinco años del estallido social, y de las numerosas víctimas como consecuencia del violento actuar policial, esta sentencia fortalece la idea de que existió un patrón, que hubo un conocimiento y una responsabilidad del alto mando, y nos parece que es histórico".
En tanto, el abogado querellante Luis Mariano Rendón, quien solicitó la cautelar de prisión preventiva sólo para el exgeneral Ricardo Yáñez, manifestó que "es un paso realmente histórico".
"Nunca antes en la historia de Chile se había sentado en el banquillo de los acusados a los principales jerarcas de algunas de las instituciones uniformadas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus subordinados. Eso es lo que se está juzgando aquí, y en lo que hemos avanzado en esta audiencia de formalización", complementó.
En la contraparte, Sergio Contreras, defensor del general (r) Olate, precisó que "efectivamente existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos, y presunciones fundadas en la participación".
Sin embargo, "aquí no se está discutiendo la culpabilidad o no, eso lo veremos en un juicio oral; en opinión del magistrado, se da por acreditado el delito y lo dice, pero no es que los delitos existan hoy", zanjó el abogado.
Por su parte, la abogada Susana Borzutzky, defensora de Rozas, sostuvo que "la baja intensidad muestra lo que ha señalado esta defensa, la inocencia de nuestro representado y la falta de participación respecto a lo señalado por el magistrado. Se va a hacer materia de fondo en materia del juicio oral, en la cual mostraremos lo que estamos señalando".
