El asesinato de la carabinera Rita Olivares, el segundo en apenas 15 días, fue un punto de inflexión para la política local esta semana, generando que el Congreso y el Gobierno apurasen el tranco en el avance de leyes en torno a la delincuencia y el orden público que permanecían estancadas.
Este frenesí por legislar no es algo tan inesperado ni tan descabellado dada la gravedad de la situación, según planteó Patricio Saavedra, psicólogo social y político y profesor del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins (UOH).
"Existe un hecho grave, la muerte de una carabinera, pero además tiene que ver con que esto es parte de una seguidilla de ataques a la policía por parte de delincuentes o personas que pueden estar involucradas en el crimen organizado", puntualizó el doctor en Psicología, quien señaló además que "se da en una lógica de que estamos frente a una crisis de seguridad importante y este apuro por legislar penas más altas se da dentro de este contexto".
"Es una crisis bastante importante, que afecta el diario vivir de la mayoría de las personas, así como también los proyectos a mediano y largo plazo que tengamos como sociedad en términos políticos y económicos", profundizó.
RIESGOS
En medio de la discusión en torno al polémico artículo 7 del proyecto de ley Naín-Retamal, que alude a la "legítima defensa privilegiada", un concepto que elimina la idea de proporcionalidad y "que presume" que los policías harán uso de su arma de fuego acorde a las disposiciones legales, Saavedra advirtió que "hay medidas o propuestas que son desmesuradas y, en ese sentido, el gran problema no es que se busquen medidas para resguardar a Carabineros y apoyar su gestión, sino que hasta qué punto estamos dispuestos a dar atribuciones a los funcionarios del orden las condiciones para ello y qué mecanismos de control se establecen para asegurar la efectividad y legitimidad de esos procedimientos".
"Si se le da (a las policías) una atribución que después no se puede controlar, hay que tener mucho cuidado con que termine en una escalada de violencia, considerando que hay organizaciones que tienen un alto poder de fuego", alertó el investigador UOH.
"El Estado debe hacerse responsable de que las medidas que emplea o que se proponen no lleguen a generar un daño mayor", complementó.
Finalmente, el experto advirtió que cuando se generen propuestas para endurecer penas o dar más atribuciones, "eso debe venir aparejado, necesariamente, de mecanismos de control. Y sobre eso no se ha dado una discusión seria por el momento".
