El hecho ocurrió en octubre del año pasado, en los días posteriores al "estallido" social.
La policía sufrió la sustracción de informes de inteligencia, domicilios particulares y teléfonos celulares: el propio general Rozas se vio afectado.
E.P.I. fue sentenciado a 61 días de presidio remitido.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a un imputado de iniciales E.P.I. por haber difundido información extraída ilegalmente de las bases de datos de Carabineros en octubre del año pasado, en los días posteriores al estallido de la crisis social.
El 29 de octubre de 2019, Carabineros sufrió la filtración de más de 10 mil documentos, entre ellos, informes de inteligencia que revelaban seguimientos a organizaciones, gremios y dirigentes sociales.
El fiscal Felipe Sepúlveda, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, informó durante esta jornada que "se condenó al acusado E.P.I. como autor del delito del Artículo 4° de la Ley 19.223 a la pena de 61 días de presidio, con la sustitución por pena remitida".
La señalada norma legal tipifica los delitos informáticos y, el señalado artículo, apunta que quien "maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio". A la vez, "si quien incurre en estas conductas es el responsable del sistema de información, la pena se aumentará en un grado".
Según la imputación que hizo el Ministerio Público en el proceso, "el imputado, junto a dos personas que le colaboraron, en días posteriores al estallido social de octubre de 2019, difundió información que habían sido previamente extraída de forma ilegal de las bases de datos de Carabineros de Chile, más de 10 mil archivos de dicha institución fueron extraídos ilegalmente por el colectivo Anonymous; hackeados, y posteriormente publicados en la pagina web VerdeClaveVerde.com", detalló Sepúlveda.
El persecutor detalló que "en dichos archivos figuraban documentos tales como domicilios particulares, teléfonos celulares, documentos de la institución referidos a procedimientos policiales, documentos administrativos y otros, más de 10 mil archivos extraídos de forma ilegal".
La filtración contenía datos personales del general director Mario Rozas, y provocó que le llegaran amenazas de muerte y pedidos de delivery no solicitados. Por este motivo se querelló en diciembre.
