El Gobierno hizo reserva de constitucionalidad ante la indicación incorporada en comisión, en la Cámara, al proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que establece que uniformados imputados por delitos en el ejercicio de sus funciones sean juzgados por tribunales militares.
Tal como lo hizo más temprano en Cooperativa el timonel gremialista, Javier Macaya, el vicepresidente UDI Máximo Pavez remarcó en El Primer Café que la propuesta pretende evitar que, ante un "incidente desgraciado, se aplique una lógica civil, como si estuviéramos hablando de un delito común, porque hemos tenido carabineros y militares jóvenes desfilando frente a los fiscales que, con móviles políticos, buscan sancionar" a los uniformados.
A la vez, transparentó que "por supuesto que hay una desconfianza" frente a la labor de la justicia ordinaria, ya que "cuando veo la forma en que el juez Daniel Urrutia se presentó a la Convención Constitucional, o la forma en que la fiscal (Ximena) Chong muchas veces lleva adelante los interrogatorios de sus causas, obviamente hay una animadversión contra las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile".
No obstante, el exsubsecretario insistió en que "lo que se busca no es que haya impunidad, sino que, como estamos en una lógica de excepción, que ésta también se aplique a la hora de aplicar la Justicia ante los hechos constitutivos de delito".
"Ha habido una actitud completamente irresponsable de la derecha en materia de seguridad", refutó la diputada oficialista Emilia Schneider (CS), alertando que esta norma avanzó a la Sala de la Cámara "contra toda recomendación internacional, contra la posición de académicos nacionales, además de la dolorosa experiencia en nuestro país de la impunidad por los crímenes de la dictadura".
La frenteamplista sostuvo que "da la sensación de que lo que se busca es sólo ponerle la pata encima al otro, porque aplicar la justicia militar a civiles es el colmo: deteriora nuestra institucionalidad democrática, y lo más importante, no aporta en nada a combatir al crimen organizado o a proteger a las policías, porque ni siquiera da más garantías a los imputados".
"Creo que esto tiene que ver con este discurso que está instalando la derecha, que desconfía de los fiscales y de los jueces", cerró Schneider.
LA VISIÓN DE EXAUTORIDADES
Para el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD), si los argumentos a favor de esta indicación "tuvieran razón de ser, uno vería esto en Estados Unidos o Alemania", pero "lo que está detrás de esto -y lo han dicho sus partidarios- es que se desconfía de la Fiscalía y del Poder Judicial, entonces 'queremos tener una suerte de procedimiento especial para quienes sentimos más cercanos'".
"Me recuerda a la discusión que hubo sobre la justicia paralela para los pueblos indígenas durante la fallida Convención", observó el oficialista, y por lo tanto, sugirió que "si tenemos dudas respecto de cómo se generan las causas, cómo operan los fiscales o la propia Justicia, hagamos una reflexión de cómo puede haber mayores contrapesos al interior de eso, pero no saquemos una justicia paralela para algunos, porque ahí simplemente no tenemos un denominador común para convivir".
En la misma línea, el extitular de la Segpres Genaro Arriagada (antes DC) advirtió que "estamos en presencia de una contrarrevolución conservadora, en donde vamos caminando hacia atrás respecto de un conjunto de cosas".
"La justicia militar tiene una razón de ser: juzgar delitos militares cometidos por militares, pero si uno crea una justicia especial para ellos, en la cual afecte a los civiles, estamos creando una situación de privilegio que va a hacer que las Fuerzas Armadas incluso pierdan legitimidad", además de dañar -a su juicio- el "prestigio internacional" de Chile.
