"Cuando existen los recursos para afrontar esos desafíos, en general las investigaciones tienen éxito", afirmó Francisco Bravo en Cooperativa.
Calificó como "legítima la aprensión" por el aplazamiento de la formalización del general Yáñez, pero dijo confiar "en la autonomía y en la independencia del fiscal Armendáriz".
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, aseguró este martes que está convencido de que el caso del asesinato de los tres carabineros en Cañete, Región del Biobío, se va a resolver.
Hasta el momento, no se sabe quiénes están detrás del crimen que ocurrió en la madrugada del sábado. Nadie ha reivindicado el atentado ni las autoridades han apuntado a posibles responsables.
Las víctimas fueron identificadas como el sargento Carlos Cisterna Navarro y los cabos Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid, todos con una larga trayectoria de servicio y ascendidos póstumamente.
En conversación con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, el líder de la ANF afirmó que "cuando la Fiscalía y las policías con la cuales trabajamos se imponen desafíos y existen los recursos para afrontar esos desafíos, en general las investigaciones tienen éxito".
"Yo no tengo duda de que este es un hecho que se va a aclarar. Contando con los recursos, teniendo el mejor personal policial a disposición, con los peritos que seguramente ya están trabajando -ya sabemos el tema de las autopsias del Servicio Médico Legal, pero prontamente, seguramente, vamos a tener los informes planimétricos y los informes balísticos para establecer cuál fue la dinámica de los hechos- y, por supuesto, también hay un trabajo importante de inteligencia. Es decir, de cruzar información, de trabajar con información residual, que existe y que, además, conocen muy bien los fiscales de la zona", dijo Bravo.
En Cooperativa, el presidente del gremio de los fiscales calificó como "legítimas" las reacciones que dejó la decisión del persecutor metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, de aplazar la formalización del general director, Ricardo Yáñez, en la causa por violaciones de derechos humanos vinculada al estallido social; solicitud que el Séptimo Juzgado de Garantía acogió el lunes, postergando la audiencia, agendada originalmente para el 7 de mayo, hasta el 1 de octubre.
La acción de la Fiscalía fue cuestionada desde el Partido Comunista (PC), que preguntó si respondía a un "criterio político", dada la conmoción nacional por el crimen de los policías en Cañete.
"Yo creo que es legítima la aprensión que se puede tener", sostuvo Bravo.
No obstante, dijo confiar "en la autonomía y en la independencia del fiscal Armendáriz, que, además, es mi jefe directo como fiscal regional. Yo creo que él ha dado pruebas de independencia y de autonomía y esa petición él la funda en una situación que es cierta, que es real. O sea, no es un invento de que efectivamente las defensas -particularmente la del general Yáñez- ha insistido en que no cuentan con todos los antecedentes, que no conocen los cargos que se le van a imputar en la audiencia de formalización, y todos somos testigos que él ha acudido legítimamente -no es un cuestionamiento- a la Corte de Apelaciones, al Tribunal Constitucional, al mismo Tribunal de Garantía, etcétera, etcétera".
Enfatizó, en ese sentido, que "el hecho de que se reagende una audiencia no es una cuestión excepcional; es algo que ocurre habitualmente en los tribunales. Antes o, incluso, cuando se inicia una audiencia, muchas defensas solicitan regendar por no estar en condiciones para ejercer adecuadamente sus derechos".
