El fiscal nacional aclaró en Cooperativa que aún "no ha habido ninguna reivindicación pública" del crimen de tres carabineros ocurrido en Cañete.
Reafirmó la necesidad de una nueva ley antiterrorista, puesto que la actual, vigente desde hace cuatro décadas, es "muy mala y de difícil aplicación".
El fiscal nacional, Ángel Valencia, aclaró que aún ninguna orgánica o banda criminal ha reivindicado públicamente el crimen de tres carabineros ocurrido en Cañete el fin de semana, y analizó que en la Macrozona Sur existen grupos de acciones calificables como "terroristas" y otros de delincuencia común, que pueden ser incluso más violentos.
"En la zona muchas veces hay grupos que son calificables como terroristas, pero a la vez hay bandas de delincuentes comunes que son tanto o más violentas, que recurren a la violencia simplemente para tener control territorial, como el crimen organizado", afirmó en entrevista con El Diario de Cooperativa.
En esa línea, expuso que "lo que ocurre en la zona es que hay un conjunto de actos que, conforme al lenguaje y sentido común, debieran ser calificados como terroristas, pero nuestra ley no calificada o no permite perseguir como tales: incluso más, a veces las víctimas nos piden que no las calificamos innecesariamente como tales, porque los seguros no les cubren los daños provocados por incendios".
Aún en su primer trámite constitucional, en el Senado se tramita una reforma, que consiste en la fusión de cinco iniciativa -incluida la ingresada en agosto del año pasado por el Gobierno-, a la ley antiterrorista vigente, que data de 1984 y ha sido transversalmente cuestionada por su ineficaz definición de la conducta terrorista.
"Tenemos una muy mala ley antiterrorista cuya aplicación es difícil, y hoy tenemos mejores herramientas para la investigación en la ley de control de armas, la ley que sanciona el crimen organizado, la ley relativa al robo de madera, la ley 20.000 (...) incluso para llegar a penas más severas", sostuvo.
Por ello, "necesitamos una ley más severa que la que tenemos; tenemos una ley poco severa, que no sanciona con precisión los delitos que todos consideraríamos como terroristas: (por ejemplo) conspirar para matar a un fiscal hoy no es delito, esas cosas no son razonables".
En este contexto, apuntó que "por más que un grupo de personas considere que tiene derecho a autonomía, a gobernar el que consideran su territorio, no pueden recurrir a los homicidios y atentados para imponer su punto de vista. En el contexto de una democracia no es aceptable".
Asimismo, planteó que "cuando se califica a una persona como terrorista, casi la transforma en un luchador social con medios ilícitos (...) Y cuando califican como terroristas a una banda de delincuentes comunes, van a comenzar a invocar tratamiento de delincuentes políticos, van a buscar simpatía respecto de su estatus".
De todos modos, enfatizó que, a nivel latinoamericano, "lo que nos pasa en el último tiempo es que estas bandas organizadas se han transformado en una amenaza a la democracia. Y con razón muchas, aunque sea crimen organizado, son derechamente calificadas como terroristas".
Con esa distinción entre grupos terrorista y bandas criminales, Valencia dijo que "hasta la fecha no ha habido ninguna reivindicación pública" del atentado en la Región del Biobío.
No obstante, "es una investigación que avanza, que tiene hipótesis investigativas abiertas, pero claras y precisas (...) una es todo se haya producido en el contexto de una emboscada (...) Los mejores equipos con los que contamos están trabajando en ello".
El fiscal nacional designó en la víspera al persecutor Roberto Garrido, jefe de la Fiscalía Regional de La Araucanía, para que dirija la investigación a la cabeza de un equipo con "los mejores fiscales con mayor experiencia que tenemos en toda la Macrozona Sur".
Entre los primeros antecedentes que han surgido de la indagatoria, declarada como reservada al menos por 40 días, se encuentran "las conclusiones de las autopsias", que "arrojan que los tres carabineros habían fallecido como consecuencia de los impactos balísticos, y no quemados, al menos de momento".
Sobre los trascendidos que apuntarían a una presunta alteración de la escena del crimen donde fue encontrada calcinada la patrulla de los policías, y que podría haber dos sitios del suceso, Valencia aclaró que "los fiscales de la zona, familiarizados con investigar hechos violentos, manifiestan que no es primera vez" que ocurre.
"No es inusual que quienes cometen estos crímenes alteren el sitio del suceso, realicen maniobras para esconder evidencia, para tratar de engañar a los persecutores", subrayó.
[En vivo📻] Fiscal nacional: Hasta la fecha no ha habido ninguna reivindicación pública de los hechos #CooperativaContigo
— Cooperativa (@Cooperativa) April 30, 2024
En paralelo, Valencia defendió la decisión del fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, de solicitar el aplazamiento de la formalización del general director, Ricardo Yáñez, en la causa por violaciones de derechos humanos vinculada al estallido social. El persecutor capitalino argumentó que su petición "obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación": el Séptimo Juzgado de Garantía la acogió y postergó la audiencia, agendada originalmente para el 7 de mayo, hasta el 1 de octubre.
La acción de la Fiscalía fue cuestionada desde el Partido Comunista, que preguntó si respondía a un "criterio político", dada la conmoción nacional por el crimen de los carabineros.
"Estamos familiarizados con que se especule respecto de las motivaciones que la Fiscalía tendría en distintas decisiones", replicó el jefe nacional del Ministerio Público, recalcando que éste "es autónomo constitucionalmente, y nuestras decisiones las tomamos en función del mejor interés de la causa".
"Si el fiscal Xavier Armendáriz estimó conveniente incorporar un fundamento, que procesalmente ni siquiera es necesario, es porque estimaba importante que se motivo se transmitiera a la comunidad. Y si el tribunal consideró que esa justificación, por sí misma, era suficiente para postergar la audiencia, me parece que cualquier especulación sobre motivos adicionales no tiene sentido", remarcó.
Por otro lado, opinó que "no es deseable" el enfrentamiento del general Yáñez con el fiscal Armendáriz, a quien le ha acusado "un evidente sesgo y parcialidad" en la causa. Sin embargo, la relación de Carabineros con el Ministerio Público "no se ha visto complicada, (porque) una cosa son las instituciones y otra, las personas", concluyó.
[En vivo📻] Fiscal nacional: El trabajo de Carabineros con la Fiscalía no se ha visto complicado por el caso del general Yáñez. Una cosa son las personas y otra, las instituciones #CooperativaContigo
— Cooperativa (@Cooperativa) April 30, 2024
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