El ahora exdirector de Carabineros Ricardo Yáñez enfrentó este martes la esperada formalización por su eventual responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, específicamente entre octubre de 2019 y marzo de 2020, cuando se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad.
Yáñez, que asumió como jefe de la policía uniformada en noviembre de 2020, fue convocado a esta audiencia junto a su predecesor, Mario Rozas, y al exsubdirector Diego Olate por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio presuntamente cometido en esa época.
La audiencia estaba originalmente agendada para el 7 de mayo, pero en medio de la conmoción por el crimen de tres carabineros en Cañete en abril, el Ministerio Público solicitó aplazarla y quedó programada para hoy.
Durante los últimos meses, Yáñez solicitó sin éxito que la formalización fuese postergada nuevamente, con miras a poder finalizar su período al mando de la policía uniformada, que vencía el 19 de noviembre. Este viernes la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó su último intento, al declarar inadmisible un recurso de amparo de su defensa.
De esa manera, concretó su inminente dimisión esa misma tarde: "He presentado mi retiro voluntario", dijo a los medios en esa jornada, argumentando que su decisión se funda "por un tema de convicción personal, de que frente a la inminente audiencia de formalización, jamás habría pensado ir en mi condición de general director".
DOS DÍAS DEDICADOS A COMUNICAR LOS CARGOS
En la primera hora de la comparecencia, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó separar la audiencia de cautela de garantías, de la comunicación de cargos que se imputarán, según prevé el fiscal Centro Norte, Xavier Armendáriz.
Después de estas primeras dos audiencias, que tuvo lugar entre las 09:00 y las 16:00 horas con recesos entre medio, la defensa contará con hasta 10 días para prepararse de cara al debate respecto a la fijación de medidas cautelares.
Esta primera jornada terminó a las 16:00 horas, como estaba previsto, en la cual la Fiscalía logró detallar 139 de los 230 casos de vulneraciones a los derechos humanos a los cuales se les acusa a los exuniformados.
La audiencia del miércoles se retomará a las 09:00 de la mañana.
Lo anterior se decidió después de que el abogado de Yáñez, Nicolás Oxman, apuntara que "es necesario que, desde el punto de vista institucional, una institución como Carabineros de Chile pueda tener una respuesta suficiente frente a ese grado de acusación".
"Entendemos, su señoría, que no es un acto divisible el debate de cautelares de la audiencia de formalización", añadió el jurista, ya que esperaba volver a posponer la instancia completa.
Inmediatamente después, el abogado querellante Luis Mariano Rendón respondió a Oxman que "Carabineros de Chile no está acusado en esta causa", hecho que replicó luego el propio juez Cristián Sánchez.
"A ver, la primera cuestión que quiero dejar clara al defensor -me ganó el punto del querellante-: los imputados en la causa son los señores Diego Hernán Olate Pinares, Mario Alberto Rozas Córdova, y Ricardo Álex Yáñez Reveco. Respecto de ellos se pide comunicar cargos. Este no es un proceso criminal abierto respecto de la institución de Carabineros de Chile", zanjó el magistrado.
FISCALÍA ADVIERTE "PEAK MUNDIAL" DE TRAUMA OCULAR
La fiscal Ximena Chong, que lidera la investigación, indicó que los casos de vulneraciones a los derechos humanos en cuestión son 1.386, y ha puesto énfasis en la responsabilidad de mando de los tres generales (r) en ese entonces.
"Este peak mundial de lesiones oculares producto de conductas desplegadas durante varios días no resulta compatible con el ejercicio adecuado de la función pública", ejemplificó la persecutora, aludiendo a los más de 400 heridos por disparos de balines o bombas lacrimógenas en las protestas de 2019.
La acusación precisa que "los imputados, como titulares de los órganos superiores de Carabineros, están llamados a garantizar que la ley sea respetada por la totalidad del personal, lo que debe materializarse en mecanismos eficaces de monitoreo y fiscalización para prevenir y enfrentar vulneraciones de la ley, sobre todo si estas vulneraciones se presentan con relativa generalidad".
