El texto acusa responsabilidad política del Estado respecto a su deber de resguardo de quienes realizan el servicio militar.
En lo particular, el reparo mayor se dirige a los mandos que tenían a su resguardo a los conscriptos de la Brigada N°24 Huamachuco.
La decisión fue de 74 votos a favor, 14 en contra y 31 abstenciones.
Con 74 votos a favor del texto, 14 en contra y 31 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó este miércoles el informe de la comisión investigadora sobre la normativa aplicable al Servicio Militar.
El análisis tuvo un foco especial en el caso de los ejercicios militares realizados en la comuna de Putre, en la Región de Arica y Parinacota, el 27 de abril de 2024, en los que murió el conscripto Franco Vargas (19 años).
✅ APROBADO | La Cámara aprueba el informe de la Comisión Investigadora de la muerte del conscripto Franco Vargas y la norma aplicable al Servicio Militar.
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 20, 2024
La investigación se originó en dos solicitudes, aprobadas el 15 y 29 de mayo, las que se fusionaron en una instancia que presidió el diputado Luis Malla (Partido Liberal), quien relató ante la Sala los alcances de las indagatorias y las propuestas para mejorar el sistema de instrucción y conscripción.
El texto sostiene que el Estado de Chile tiene responsabilidad política respecto a sus actuaciones en el resguardo de quienes realizan el servicio militar.
Se estima que la tardía aplicación del protocolo de Minnesota, que tiene por finalidad proteger el derecho a la vida, deja en evidencia que quienes estando al cuidado del Estado sufrieron la vulneración de sus derechos.
En todo caso, la principal queja se dirige a los mandos que tenían a su resguardo a los conscriptos de la Brigada N°24 Huamachuco. "No entregaron ni la información correcta ni dieron las facilidades para la investigación en un primer momento, actuando con total negligencia", se sentencia.
El informe también observó inconsistencias en las versiones entregadas por el Ejército. "Aquello sólo puede ser atribuido a información errónea, incompleta o falsa aportada por los subordinados a los altos mandos, así como al poder civil", se plantea.
Además, se expuso que, a partir de lo expuesto por los distintos invitados y los antecedentes revisados, hay evidencia de "malos tratos a los que habrían sido sometidos los conscriptos en los ejercicios militares de Pacollo, la falta de acceso a un bien humano básico, como el agua potable, así como conductas negligentes graves en la reacción frente a la situación médica de urgencia que presentó el conscripto Franco Vargas, que terminó con su lamentable fallecimiento".
En tal plano, se considera importante que el Estado despliegue un plan de reparación integral a los conscriptos que fueron afectados. Así, por ejemplo, se sugiere prestaciones económicas y de salud para quienes realizan el servicio militar. También capacitación y reinserción laboral; acompañamiento psicológico y de salud mental, entre otras.
El informe, igualmente, da cuenta de precarias condiciones sanitarias y de higiene del centro de entrenamiento en Pacollo. En este marco, se llama a revisar este y otros recintos militares del país y que se corrijan sus condiciones, de no ser las adecuadas.
Otros aspectos detectados son ausencia de protocolos y falta de transparencia en la entrega de información. Igualmente, evaluaciones médicas muy acotadas en el contexto del servicio militar, donde se consideran, por ejemplo, las circunstancias geográficas y climatológicas que enfrentarán los conscriptos. Junto a lo anterior, se insta a mejorar los protocolos de vacunación e impulsar una adecuada preparación de los instructores a cargo de los conscriptos.
En el texto, de igual modo, se insta a modernizar y adecuar a las condiciones actuales las bases de conscripción para el servicio militar.
Informe Comisión Investigad... by Radio Cooperativa
En la discusión participaron Matías Ramírez (PC), Nelson Venegas (PS), Claudia Mix (FA), Miguel Ángel Becker (RN), Rubén Oyarzo (IND), Johannes Kaiser (IND), Luis Sánchez (PREP), Andrés Giordano (FA) y Luis Malla (PL).
Quienes expusieron manifestaron sus condolencias a la familia de Franco Vargas. En especial, dirigieron palabras a la madre del fallecido conscripto, quien estuvo presente en la sesión.
Entre las observaciones, hubo quienes destacaron las precarias condiciones y maltratos que suelen sufrir los soldados durante el servicio militar. En particular, se recalcó que la experiencia de Antuco no sirvió para mejorar las condiciones. Así, continuaron situaciones que van al límite de los derechos humanos.
También se pidió realizar reformas a la justicia militar y verificar mejoras en el sistema de conscripción. Sobre el punto, algunos recordaron que en el presupuesto se aprobaron dineros para exámenes médicos y mentales para los solados. Además, en la Comisión de Defensa se tramita un proyecto del Gobierno que aumenta su remuneración.
Otra visión criticó que el informe no verificó ninguna causalidad entre la marcha y la muerte de Vargas. De igual modo, se pidió no levantar acusaciones injuriosas contra el Ejército.
En una línea similar, se dijo que la institución procura preparar a los soldados para eventuales conflictos. Así, se estimó probable que existan riesgos. Sin embargo, se sostuvo que las negligencias son de responsabilidad personal de quienes están a cargo de las operaciones, dado que el Ejército provee de planes y de protocolos para dichas situaciones.
El diputado Ramírez (PC) destacó que "el informe establece, primero, responsabilidad del Ejército de Chile como institución a cargo de la instrucción militar que reciben los soldados conscriptos, pero, además, da cuenta de una serie de vulneraciones de derechos humanos extremadamente graves que se traducen en malos tratos, en vejaciones a los soldados conscriptos en general".
"Creemos que las conclusiones permiten avanzar en discusiones más de fondo como, primero, constituye la reforma a la justicia militar para evitar lo que sucedió en este caso, que fue una dilación de más de un mes en esta discusión entre la justicia militar y la justicia ordinaria que, evidentemente, afectó a la investigación llevada a cabo por parte del Ministerio Público en Arica", señaló el congresista.
"También, en un segundo término, se debe avanzar de manera importante en reformular las mallas curriculares, no solamente de los soldados conscriptos, sino que también de los suboficiales y oficiales, porque, de los relatos y testimonios escuchados en la comisión, se da cuenta de que, efectivamente, quienes están a cargo evidentemente entendían que las vejaciones a los soldados conscriptos eran parte de la instrucción y, evidentemente, eso da cuenta de una mala formación al interior de las escuelas castrenses", concluyó Ramírez.
