Francisco Huincahue, César Fuentes, Raúl Fuentes y Pedro Salinas recibieron pagos por más de cinco mil millones de pesos entre 2010 y 2014.
La Fiscalía continuará con la investigación por delitos tributarios.
Los involucrados también deberán pagar una millonaria multa.
Cuatro ex proveedores fueron condenados a cinco años de libertad vigilada y a una millonaria multa por el delito de fraude al fisco en calidad de reiterado, en el marco del fraude al interior del Ejército.
Los involucrados, identificados como Francisco Huincahue, César Fuentes, Raúl Fuentes y Pedro Salinas, se desempeñaron como proveedores de pertrechos para el Ejército.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, recibieron pagos por más de cinco mil millones de pesos entre 2010 y 2014 a través de facturas ideológicamente falsas por trabajos no realizados.
Estas boletas falsas eran realizadas en acuerdo con efectivos de la institución que trabajaban en la Unidad de Comando de Apoyo a la Fuerza, como el coronel (r) Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, quienes fueron los receptores finales de los dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
La fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, comentó que "lo que hicieron fue facilitar un conjunto de facturas falsas, simulando con ello la prestación de servicios o la adquisición de bienes por parte del Ejército".
"Estas facturas falsas en definitiva fueron pagadas por parte del Ejército, y una vez que los civiles recibían los dineros los cambiaban en dinero efectivo y así los hacían entregar al coronel Clovis Montero en algunos casos, al cabo Cruz en otros", agregó.
"Los funcionarios del Ejército lo que hacían era falsificar la totalidad de los vistos buenos relativos a la recepción de los servicios o los bienes, permitiendo con esto burlar los controles que el Ejército debía tener", planteó Chong.
La Fiscalía continuará con la investigación por delitos tributarios, ya que existe una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos que incluye a funcionarios castrenses que están procesados por la justicia militar, a cargo de la ministra Romy Rutherford.
