El Gobierno ratificó al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, a la vez que confirmó el paso a retiro de los generales relevados esta semana de sus cargos por la fatídica marcha de instrucción que realizó un grupo de conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco" en Putre, donde uno de ellos falleció y a otro debieron amputarle una mano.
Tras la reunión de esta tarde en La Moneda, encabezada por el Presidente Gabriel Boric y que se extendió por una hora, la ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo que se instruyó al Ejército que colabore con las familias y entregue todos los antecedentes para aclarar lo ocurrido.
El Mandatario "ha sido muy claro en decir que se requiere verdad, justicia y, sobre todo, que las familias sepan todo lo que ha ocurrido con sus hijos", enfatizó Fernández.
La titular remarcó que, al menos en este caso, se trata de "jóvenes que en su gran mayoría eran voluntarios, que se inscribieron para servir a la Patria", por lo que "el Estado y el Ejército, que los tiene bajo su mando, debe garantizarles protección".
Relevó asimismo que desde ayer se instituyó "una mesa de trabajo, liderada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, para la revisión de protocolos, porque no queremos que estos hechos ocurran en ninguna parte de Chile".
"Tenemos que darles garantías a los jóvenes que quieren hacer el servicio militar, ser parte de la institución y hacen una tremenda labor por Chile", subrayó.
En el punto de prensa tras la anunciada audiencia en Palacio, la ministra de Defensa comunicó que el Presidente Boric aceptó la "propuesta de renuncia" del general Rubén Castillo, jefe de la VI División del Ejército, y del coronel Sebastián Silva, comandante de la Brigada "Huamachuco", cuyos retiros pidió Iturriaga tras relevarles de sus cargos esta semana.
El comandante en jefe de la institución castrense admitió que hubo indicios de "falsedades y tergiversaciones" en las versiones preliminares que fueron entregando los mandos de la fatal marcha de instrucción militar, que tuvo lugar a fines del mes pasado en Putre, en el extremo norte y en pleno altiplano andino.
REACCIONES MIXTAS EN EL CONGRESO
Previo a la ratificación del comandante en jefe, desde el oficialismo la diputada Emilia Schneider (CS) opinó que "lo más importante es que, ante este trágico y doloroso caso, no puede haber impunidad", por lo que, "sea quien sea responsable, da igual si es del alto mando o el mismo general Iturriaga, debe responder y ser dado de baja de la institución cuando corresponda".
A juicio de su par Andrés Giordano, de la bancada del Frente Amplio, "es claro que en este caso existen responsabilidades políticas institucionales sobre el rol que ha tenido la cultura militar y el trato que reciben miles de jóvenes en el Ejército, y de esto, la persona responsable al final de la cadena es el comandante en jefe, don Javier Iturriaga".
Sin embargo, en la oposición valoraron la continuidad de Iturriaga y cuestionaron al oficialismo.
"Me parece que la decisión del Presidente es la correcta, no hacer eco de la postura de la izquierda más radicalizada que, cuando ve la oportunidad de plasmar su odio y su sesgo frente al Ejército, no duda ni un instante", fustigó el diputado Andrés Longton (RN).
Además, comentó que "en estos momentos no hay que debilitar instituciones tan valiosas y que tienen un rol tan importante en la seguridad de nuestro país, y sobre todo cuando el comandante en jefe, ante tan lamentable hecho, ha tomado las decisiones correctas al separar de su cargo a personas del alto mando en la zona, además de varios funcionarios que están siendo investigados, para llegar hasta las últimas consecuencias".
La investigación está a cargo de la ministra en visita Jenny Book, quien actualmente integra la Corte de Apelaciones de Santiago y preside de la Corte Marcial, designada por la Corte Suprema tras solicitud de la Fiscalía Militar. No obstante, se debate si el caso debiera pasar a la justicia ordinaria y ser llevada por el Ministerio Público, camino que solicitó el Instituto Nacional de Derechos Humanos al querellarse por el delito de apremios ilegítimos.
El Presidente Boric recibirá el lunes a Romy Vargas, madre de Franco Vargas, el joven conscripto de 19 años que murió en la marcha en la Región de Arica.
