El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó una querella en contra de todos aquellos quienes resulten responsables en calidad de "autores, cómplices o encubridores por el delito de apremios ilegítimos" en perjuicio de los jóvenes que participaron en el ejercicio militar del 27 de abril en Putre, tras el cual falleció Franco Vargas, de 19 años.
A raíz de los testimonios de conscriptos que pertenecían a la Brigada Motorizada N°24 "Huamachuco", la entidad establece que 250 soldados participaron de la instrucción en el sector de Pacollo, y que 45 de ellos acusaron agresiones por parte de sus superiores.
La acción legal sostiene que los maltratos por parte de los mandos -que fueron relevados de su cargo esta semana- precedían lo ocurrido el 27 de abril, indicando que los conscriptos eran sometidos a "golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, en cualquier contexto y momento: mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas".
"Estas caminatas podían ser nocturnas con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada o durante el día sin la protección solar mínima, como un gorro o lentes oscuros. A pesar de haberles entregado las prendas, no se les permitían utilizarlas", agrega el documento, consignado por La Segunda.
Respecto de la marcha en cuestión, uno de los conscriptos manifestó que "el 27 de abril los levantaron a las 05:00 de la mañana y salieron a las 06:30 de Pacollo, cuando estaba amaneciendo. La vestimenta consistió en bototos, pantalón, polera y camisa, les hicieron sacar la coipa y no les permitieron llevar el chaquetón porque les daría calor en el camino, los haría transpirar y eso les haría mal. Tampoco llevaban guantes, por lo que, por efecto de la caminata al frío, les dolía las manos y los pies muy fuerte".
"Todas estas situaciones tuvieron lugar a 4.600 de altura, con temperaturas de -15 grados durante la noche y con índices de radiación solar extremadamente altos durante el día", remarca la querella.
La semana pasada, el jefe del Estado Mayor, Rodrigo Pino, puso en duda los supuestos maltratos, que en ese entonces habían advertido sólo los familiares, afirmando que los conscriptos usaban la ropa adecuada para el ejercicio. No obstante, el comandante en jefe, Javier Iturriaga matizó sus dichos, indicando que la vestimenta fue opcional, "por lo tanto, algunos usaron su tenida interior, otros decidieron marchar con polera y se requirió inicialmente guantes para que ellos enfrentaran los primeros momentos de la marcha".
CONDICIONES INSALUBRES Y MALTRATOS VERBALES
Los soldados además afirman que el grupo sufrió "de privación de sueño durante varias noches, denominado 'imaginaria', en que les permitían dormir sólo una hora por noche y continuaban la instrucción", y también la "exposición a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos, así como obligados a comer con las manos de una misma bandeja grupal por no entregarles elementos básicos como cucharas".
En la misma línea, el INDH denuncia que los jóvenes fueron obligados a utilizar letrinas grupales sin acceso a medidas de aseo personal, en espacios saturados de excrementos humanos, sin agua corriente, jabón ni papel higiénico, y en grupos de hasta 15 personas defecando al mismo tiempo.
El documento también establece un "maltrato verbal permanente, con frases homofóbicas tales como: 'eres niñita, maricón, amariconado, lesbiano'; otras frases de connotación sexual, como: 'la maraca de tu polola está saltando encima de otro weón, pelao cornúo', 'te están cagando con otro, pelao cachúo'; 'hay que cruzar la frontera y violar a las peruanas, antes que vengan los peruanos a violar a tu mamá o a tu hermana'.
Los jóvenes dijeron haber sido tratados de "roto asqueroso", y que habitualmente les decían "pelao culiao" o "pelao conchetumadre", y que después del fallecimiento de Vargas, les repetían la frase: "un pelao menos es mejor".
INDH PIDE EXCLUIR DEL CASO A LA JUSTICIA MILITAR
La querella plantea al Juzgado de Garantía de Arica que convoque a una audiencia con el Ministerio Público y la Defensoría Penal, para que la Fiscalía Militar se inhiba de indagar estos hechos, aunque la ministra de Defensa, Maya Fernández, ha sostenido que la justicia militar tiene la competencia en este caso.
"Es imprescindible que la competencia del tribunal que conozca de los hechos ilícitos sea civil y no militar, en atención a lo informado por la Corte IDH", argumenta el INDH, en atención a la condena contra el Estado de Chile por el caso Palamara Iribarne, sentencia que instruye a establecer límites a la competencia de la justicia militar.
Por lo pronto, la Corte Suprema designó hoy a Jenny Book, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, como jueza en visita para investigar el caso.
