Tras varias semanas de controversia, la Corte Suprema zanjó la contienda de competencia abierta entre la justicia militar y la justicia ordinaria, y determinó que sea esta última la que se encargue de la investigación de la muerte del conscripto Franco Vargas, así como de las graves lesiones de cuatro soldados, hechos ocurridos el 27 de abril en Putre, en medio de su servicio militar.
Hace un mes, la Segunda Sala del máximo tribunal había frenado las diligencias del Ministerio Público y la vista de la causa en el Juzgado de Garantía de Arica: en paralelo a la investigación civil ya estaba trabajando, desde el 8 de mayo -designada por la propia Suprema-, la ministra en visita de la Corte Marcial Jenny Book.
La Corte escuchó ayer lunes los alegatos de ambas partes, y esta jornada dio a conocer su determinación: la jueza Book deberá abandonar la causa.
"El hecho de que los delitos investigados se hayan cometido no en actos del servicio militar sino que, 'con ocasión' de ellos, como lo refiere el artículo 5° numeral 3° del Código de Justicia Militar, no puede estimarse un argumento constitucionalmente suficiente que justifique, por sí mismo, la necesidad ineludible de sacrificar las garantías jurisdiccionales que configuran un Estado de Derecho", indica la resolución informada esta tarde.
La interpretación del Código de Justicia Militar, "a la luz de las normas constitucionales y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, incluyendo la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", obliga a aplicar "la excepción en favor de los tribunales militares sólo para aquellos casos de comisión de delitos comunes de militares en contra de militares, vinculados estrictamente a la función militar y en protección de los bienes jurídicos que le son propios, no extendiéndola a otros delitos ajenos a la actividad y fines de aquella", profundiza.
"En la presente causa se investigan (...) hechos que son atribuidos al personal militar integrante (...) y que en el evento de ser comprobados pueden ser constitutivos de (...) el delito de apremios ilegítimos y apremios ilegítimos en concurso con homicidio, ilícitos comunes que no pueden ser considerados actos de servicio o cometidos con ocasión de él, (de modo que) su conocimiento y resolución está encomendado a la judicatura ordinaria civil", sentencia.
A la vez, hace hincapié en que "esta Corte no puede desatender que los hechos atribuidos por los querellantes, por constituir también apremios ilegítimos atribuidos a empleados públicos ejerciendo sus funciones, de ser comprobados, podrían también ser considerados como constitutivos de tratos crueles, inhumanos y degradantes".
La Suprema remarca que "la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que 'la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y sancionar a los autores de violaciones a los derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria para evitar la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo y a la protección judicial'".
"EN LA JUSTICIA MILITAR HABÍA SECRETOS Y MENTIRAS"
En el marco de su trabajo, la jueza Book realizó hace una semana la reconstitución de escena de la muerte de Franco Vargas y ordenó la exhumación de su cadáver para someterlo a una nueva autopsia bajo el Protocolo de Minnesota -que se aplica cuando hay sospechas de apremio- en presencia de sus familiares y del INDH. En éstos existían declarados reparos respecto de su labor.
Lo resuelto este martes por la Corte Suprema "es un escalón ganado en esta lucha por que paguen todos los que hicieron sufrir a mi hijo, y que tengan una justicia digna todos los niños (los otros conscriptos) que también sufrieron maltrato", dijo a Cooperativa Romy Vargas, la madre del joven fallecido.
La mujer dijo esperar además "que esto sea un precedente para que nunca más ningún militar tenga el derecho de hacer lo que quiera con la vida de nuestros hijos".
"Estoy feliz de que la Corte Suprema haya decidido por la justicia civil, ya que en la militar yo prácticamente no existía, y había secretos y mentiras que todos sabemos, porque en Antuco nunca hubo una condena real, pero aquí hay una esperanza de que sí lo haya y que no vuelva a ocurrir nunca más esto; que ningún otro papá sufra el horror que yo he tenido que sufrir todos estos dos meses que no he estado con mi hijo, y voy a luchar siempre por él para que paguen todos estos que le negaron la ayuda cuando suplicó vivir", clamó Romy Vargas.
"ES LO MÁS SANO"
Desde el Ejecutivo, al tiempo que expresó su respeto por lo resuelto en el máximo tribunal, la ministra del Interior, Carolina Tohá, planteó que ante la duda, "es sano" que prime la Justicia civil, y en ese sentido, abogó porque la justicia militar se encargue de casos excepcionales.
"Siempre es más sano que prime la justicia civil, porque algunos son militares, otros no, pero todos somos integrantes de esta sociedad y todos tenemos igualdad de condiciones ante los tribunales civiles. Por eso, desde que se produjo el retorno a la democracia, todos los gobiernos, sin excepción, también los gobiernos de derecha, hemos avanzado en ir expandiendo el campo de competencia de la justicia civil y dejando la justicia militar a casos muy acotados, donde hay características muy particulares", analizó la secretaria de Estado.
"Respeto por esta decisión y, como idea general, nosotros somos partidarios de mantener esa tendencia. La justicia civil como la regla general y casos muy acotados y particulares, la justicia militar", puntualizó Tohá.
LAS DILIGENCIAS QUE PREPARA LA FISCALÍA
El Ministerio Público ahora retomará las diligencias que hace más de un mes se mantenían paralizadas, entre ellas está la exhumación del cuerpo y la realización también de una nueva autopsia bajo el Protocolo de Minnesota.
Respecto a estas diligencias, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, explicó que "ya habíamos dispuesto la exhumación del cuerpo de Franco, cuestión que quedó paralizada por solicitud de la Fiscalía Militar en su momento".
"Vamos a retomar todo ese tipo de diligencias. Vamos a solicitar hoy mismo la exhumación del cuerpo y poder realizar esas pericias que para nosotros son relevantes", detalló el persecutor, que recordó también que "mantuvimos paralizada la investigación por orden de la Excelentísima Corte Suprema, por más de un mes", a propósito de la resolución informada este martes.
"Eso es un tiempo bastante vital en investigaciones como esta y esperamos retomar prontamente la realización de diligencias", analizó.
