El Séptimo Juzgado accedió a la solicitud de la Fiscalía, que incluyó al excomandante e hijas -entre ellas la removida del Ministerio Público-, yernos, esposa y cuñada.
Los parientes son investigados por su eventual participación en el traspaso de dineros presuntamente defraudados por el exgeneral, en el marco del fraude en el Ejército.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago alzó el secreto bancario del excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta (2006-2010) y sus familiares, tras la solicitud del Ministerio Público, en el marco de la investigación penal por el fraude en la institución castrense.
El tribunal accedió a la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos, que investiga a la familia por su eventual participación en los traspasos de dineros presuntamente defraudados por el exgeneral, quien a su vez es indagado en la arista de gastos reservados del "milicogate".
Según La Tercera, el fiscal adjunto Marcos Muñoz pidió la medida respecto de Izurieta, de su esposa, Ginetta Fornazzari, y de su cuñada, Rossana Fornazzari.
También incluyó a su hija María Constanza Izurieta y el esposo de ella, Andrés Iturra, quienes en octubre fueron removidos del Ministerio Público tras un sumario que les atribuyó "graves faltas a la probidad" al haber ayudado al excomandante a desprenderse de sus bienes. Igualmente figuran en el listado su otra hija, María Carolina Izurieta Fornazzari, y el esposo de ésta, Sebastián Rodríguez.
El fiscal Muñoz planteó que existen antecedentes que "constituyen indicios coherentes, serios y concordantes que permiten presumir que los imputados estarían utilizando productos bancarios de distinta naturaleza para ocultar, disimular e intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad ilícita reiterada en el tiempo, vinculada a la probable sustracción de caudales públicos".
Según la Ley General de Bancos, los investigados para los cuales se solicita información están imputados.
El persecutor busca identificar y ubicar los bienes adquiridos, establecer la procedencia y destino de los dineros producto de los delitos investigados, la determinación de sus ingresos formales y no declarados, con un foco central en los gastos cotidianos que tenían el exgeneral y sus parientes.
Para ello, solicitó a siete entidades que cooperen con la indagatoria por presunto lavado de activos: Banco de Chile, Santander, Itau, BCI, Scotiabank Azul, Falabella y Ripley, que deben entregar información de los productos bancarios desde 2006 a la fecha, incluyendo movimientos en tarjetas de crédito, de transferencias, de depósitos, de inversiones y de cuentas en fondos mutuos.
Esta es la investigación penal, pero en paralelo en febrero de este año la ministra en visita Romy Rutherford procesó a Izurieta ante la justicia militar, a quien le imputa el desvío de dineros de los gastos reservados de la institución castrense, los que sumarían más de 6.300 millones de pesos, investigación en la cual surgieron los primeros indicios de la participación de familiares.
