Según la AFDD, Le Dantec está siendo investigado por la muerte de 22 campesinos en 1973.
Esperan que no asuma sus funciones hasta que se aclare su participación en los hechos.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) cuestionó este domingo el nombramiento del general Cristián Le Dantec como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por su supuesta implicación en la desaparición de 22 campesinos de Paine en 1973.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Cristián Le Dantec.
La AFDD señaló que Le Dantec es uno de cuatro generales del Ejército que figuran como imputados por este delito.
Le Dantec fue nombrado el pasado viernes por Michelle Bachelet como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cargo creado por una ley recientemente promulgada, dirigida a modernizar el Ministerio de Defensa.
En 2008, Le Dantec, mientras era encargado de Finanzas del Ejército, fue uno de cuatro generales que debieron declarar ante el juez Héctor Solís por el secuestro y asesinato de los 22 campesinos de Paine.
Los cuatro se presentaron de forma voluntaria, tras ser incluidos en una lista de 36 oficiales graduados en agosto de 1973 y destinados en la Escuela de Infantería al ocurrir los secuestros de los campesinos.
Tropas de esa escuela capturaron a estas personas y las trasladaron hasta las cercanías del lago Rapel, donde los asesinaron y sepultaron sus cadáveres en una fosa.
En 2007 la investigación del juez Solís permitió el hallazgo de 311 "evidencias culturales" (botones, trozos de camisas, de zapatos, anillos o lentes) que sirvieron para acreditar el crimen.
El juez estableció que la orden de asesinato provino de los coroneles Leonel Konig y Pedro Montalba de la Escuela de Infantería.
Konig y Montalba fallecieron, pero, según la AFDD, el juez aún indaga la participación directa de otros dos oficiales en la masacre, uno de los cuales podría ser Cristián Le Dantec.
Sobre esa base, la entidad señala que mientras "esa participación no sea resuelta, Le Dantec simplemente no puede asumir la responsabilidad que le ha sido asignada".
La agrupación, que además considera "grave" que tanto el Ministerio de Defensa como la presidenta Bachelet "hayan obviado los hechos que lo inhabilitan, designándolo jefe del Estado Mayor".
Sobre esa base, demandan que el general sea cesado de su nueva función "y removido de las filas de las instituciones armadas".
