"La propia acusación dice que esto lo que quiere hacer es que el Presidente cambie a la ministra", dijo el abogado Juan Ignacio Piña en Cooperativa.
Aseguró que "es evidente" que la titular del Interior no ha "inejecutado leyes de un modo que sea análogo a la comisión de un delito".
La defensa de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), aseguró este martes que la acusación constitucional que formuló en su contra el Partido Republicano "trivializa" la situación de seguridad en Chile.
"La situación en temas de seguridad en el país no es algo que se pueda trivializar, sino, por el contrario, es algo de lo que hay que hacerse cargo. En eso está la ministra y todavía hay mucho espacio para seguir avanzando", dijo el abogado Juan Ignacio Piña en entrevista con El Diario de Cooperativa.
El expresidente del Consejo de Defensa del Estado señaló que el libelo tiene "un cierto contenido instrumental" que "es relativamente visible y, en cierto sentido, es confeso". Cuestionó, en esa línea, al timing de los impulsores de la acción, que, adujo, "tiene que ver con la contingencia electoral".
"Adicionalmente, también la propia acusación dice que esto lo que quiere hacer es que el Presidente cambie a la ministra, y una acusación constitucional no es la vía para conseguir esos fines políticos, menos cuando es capaz de imponer una sanción como una inhabilitación", indicó el también exsubsecretario de Justicia.
La acusación constitucional, que puede desembocar en la destitución o inhabilitación de Tohá para ejercer cargos públicos durante cinco años, fue presentada el 30 de septembre por la bancada de diputados del Partido Republicano, que culpa a la jefa de gabinete del "desbande" de la crisis de seguridad y homicidios en el país.
Dicho libelo no se ve bien aspectado para el partido de ultraderecha, dado que en los últimos días ha recibido una negativa total del oficialismo, dudas en la oposición y la crítica de parlamentarios de sectores de centro, entre ellos de Amarillos, Partido de la Gente (PDG) e independientes.
El defensor de Tohá ratificó que "es muy probable que invoquemos la 'cuestión previa' por la existencia de imputaciones genéricas que más bien describen hechos o situaciones del país y que no se adentran en la responsabilidad de la ministra, en las contribuciones de la ministra, en sus infracciones, y no lo hacen por una razón muy simple: básicamente porque no están".
"No hay infracciones de esa naturaleza, sino, por el contrario, hay un trabajo muy consistente en el que hay muchos espacios de mejora todavía, y en eso hay que ser muy sensible y muy cuidadoso", remarcó.
Piña comentó que la destitución y la inhabilitación por cinco años constituyen "una sanción particularmente gravosa y, por lo mismo, se restringe no solamente a infracciones graves, sino que adicionalmente a infracciones concretas y específicas; no se trata de imputaciones genéricas respecto de los resultados y la situación en que se encuentra el país" en seguridad, "sino es necesario acreditar la existencia de esas infracciones, las leyes que se han inejecutado".
"La gran discusión tiene que ver, más bien, con si existen esas infracciones a la Constitución, a las leyes, y si efectivamente se han inejecutado leyes de un modo que sea análogo a la comisión de un delito, y eso es algo que es evidente que no ha pasado", insistió el abogado.
"Cuánto pese la argumentación jurídica (en la votación de la Cámara Baja) tiene que ver con la seriedad con que se haga política... No nos vamos a hacer trampa en el solitario", afirmó.
Esta jornada sesiona la comisión revisora del libelo, en la cual participará uno de los acusadores, el diputado Stephan Schubert (Republicanos), quien señaló que "nosotros no estamos diciendo que la ministra es floja y no hace la pega. Lo que estamos diciendo es que la pega que está haciendo no está dando resultado. Entonces, por eso nos vemos en la obligación de usar esta herramienta, que es política".
"Porque el Presidente no la removió a ella, porque ella no removió a los subsecretarios o no hizo los cambios necesarios. Si eso hubiera ocurrido, esto no sería necesario. Nuestro interés no es inhabilitarla por cinco años, nuestro interés es que haya cambios drásticos en materia de seguridad", agregó el parlamentario ultraderechista.
