El Gobierno buscará reponer, con un veto presidencial, las sanciones asociadas al voto obligatorio a través de una multa -de cerca de 33 mil pesos- a los electores chilenos y extranjeros que acudan a votar, lo que ha provocado críticas desde la oposición respecto a la disminución del monto, que antes llegaba hasta los 200 mil pesos.
Por lo anterior, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a quienes cuestionaron el monto de la multa (0,5 UTM) y expresó que "se nota que no tienen problema de bolsillo las personas que dicen eso".
El Ejecutivo también recibió cuestionamientos puesto que dicha multa iba a ser aplicada -en primera instancia- exclusivamente a los votantes chilenos y no a los extranjeros, por lo que la oposición acusó una alteración de "las reglas del juego". El Gobierno finalmente cedió y decidió optar por sanciones a todos los electores.
"En Chile llevamos legislando en materia de voto obligatorio harto tiempo. En todo ese tiempo nadie, de ninguna bancada, de ningún partido, ni del Parlamento, ni del Gobierno anterior, y hasta ahora tampoco de nuestro Gobierno, reparó en que lo que estábamos haciendo era ingresar de manera obligatoria cientos de miles de extranjeros a votar por nuestras autoridades", explicó Tohá al respecto.
Agregó que "ese tema pasó inadvertido en el debate por largo tiempo. Ahora se ha tomado nota de que estamos teniendo una serie de consecuencias, que nadie calculó, por este cambio al voto obligatorio y que va a ser necesario legislar con calma al respecto".
Finalmente, la titular de Interior enfatizó que "lo que se que hizo a través del veto es buscar la solución más prudente que recoja un camino de salida, dado que el Parlamento se dividió mitad a mitad, para no generar ahora un conflicto que no sería de nada oportuno con una elección tan cerca".
Más tarde, la ministra vocera, Camila Vallejo, fustigó que "cuesta que a la oposición le guste algo del Gobierno; pueden tener distintas opiniones sobre el monto, pero necesitamos los votos de todas y todos, y por eso hemos tenido que flexibilizar posiciones y escuchar tanto a sectores del oficialismo, como a sectores de la oposición, y que la ciudadanía sepa cuáles van a ser las reglas del juego para la próxima elección".
¿VETO "PRO-RICOS"?
No obstante lo expresado por la jefa de gabinete, el diputado Henry Leal (UDI) insistió en su rechazo, incluso acusando que "éste es un veto pro-ricos: a una persona que tiene ingresos de 5 o 6 millones de pesos, que no va a votar y tiene que pagar 33 mil pesos, no le va a afectar mucho".
"Pero una persona que tiene una pensión o un sueldo mínimo, ¿cómo va a pagar la cuenta de luz a fin de mes?", se preguntó el gremialista.
En tanto, su par de Republicanos Luis Sánchez cuestionó: "¿Cómo puede ser más grave manejar por una vía exclusiva, o estacionarse en línea amarilla en una calle, que no ir a votar?".
Todavía en la oposición, aunque más cerca del oficialismo, el senador Iván Flores (DC) consideró que la suma es "baja, yo creo que debieron mantenerse los montos. Una multa debiera ser una multa, cuando en realidad cuesta pagarla, y en ese escenario, vayan a votar".
Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito relevó "que el Gobierno haya acogido nuestra preocupación en torno al monto de la multa, que antes llegaba a 200 mil pesos, y que ahora no superará los 33 mil, nos parece que es correcto".
ENCONTRÓN DE LONGTON CON ELIZALDE
En medio de la tramitación de esta iniciativa, el diputado Andrés Longton (RN) tuvo un duro encontrón con el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, incluso apuntando a una posible acusación constitucional. Aquello en las horas previas al ingreso del veto ayer, puesto que había leído una versión preliminar que eximía de las multas por no votar a personas embarazadas, mayores de 70 años y cuidadores, punto que finalmente fue eliminado.
"Yo no recuerdo haberle dicho sinvergüenza, lo que yo sí recuerdo haber dicho que era una sinvergüenzura. Y fui muy duro con el ministro y le dije que lo iba a acusar constitucionalmente, lo reconozco, porque estaba realmente enojado, porque sentía que nos estaban viendo la cara", dijo el parlamentario.
Longton aseguró que el Gobierno "estaba tratando de que el voto quedara lo más cercano a voluntario, por el monto, pero también por el voto voluntario que pretendía establecer para los mayores de 70 años, mujeres embarazadas sin importar el tiempo de embarazo, donde el Gobierno estima que es un voto más cercano a la derecha".
