Este viernes se realizó la audiencia para revisar las cautelares de Óscar Muñoz, a petición de su defensa, donde la Fiscalía le imputó nuevos delitos.
Su abogado no quedó conforme y apelará a la decisión del Juzgado de Garantía de Rancagua.
La Fiscalía Regional de O'Higgins reformalizó la mañana de este viernes al ex canciller del Arzobispado de Santiago Óscar Muñoz, por violación, cargo que se sumaría a los de abuso sexual y estupro, por los que está siendo investigado.
La audiencia se realizó a solicitud de la defensa, que pretendía modificar la medida cautelar de prisión preventiva que Muñoz cumple desde el pasado 13 de julio.
El abogado de Muñoz, Gabriel Henríquez, pidió que quede con arresto domiciliario argumentado que en la primera formalización los "denunciantes" declararon como testigos y no como víctimas.
No obstante, el Juzgado de Garantía de Rancagua desestimó la posición de la defensa y confirmó la cautelar del ex canciller religioso.
Henríquez, por su parte, fustigó la decisión porque, apunta, "cosa distinta es aquellos fundamentos con los que el tribunal desechó los postulados de esta defensa, en cuestiones de orden procesal, entendiendo si el Ministerio Público tenía o no facultad para ejercer la acción penal pública y los plazos de prescripción, toda circunstancia en que el tribunal ha fijado su postura".
Todo ello, "esta defensa evidentemente no lo comparte, y apelaremos ante un tribunal superior a fin de que corrija a derecho esos criterios", aseguró, para lo cual tiene un plazo de cinco días a partir de la siguiente jornada.
De cualquier modo, el abogado defensor quedó conforme en cuanto a que el juzgado recondujo de la necesidad de cautelar de "peligro para la sociedad" a "peligro de fuga". Esto, pese a que la Fiscalía apuntó a lo primero, además de acusar incluso "peligro de suicidio" en caso de que se le revocara la cautelar.
La fiscal Andrea Rocha se manifestó "conforme, en el sentido de que se mantuvo la medida cautelar; se negó la causa, (hubo) algunas diferencias en relación al motivo de mantener la prisión preventiva, pero en el fondo se mantiene, que es lo que nosotros esperábamos".
Nuevos antecedentes...
En la audiencia, el Ministerio Público logró reformalizarlo por el delito de violación en uno de los cinco casos que se le imputan, reemplanzo el estupro acusado en la primera formalización, mientras que en los otros cuatro hechos se mantuvo el delito de abuso sexual.
La fiscal Rocha explicó que "se reformalizó para precisar algunos hechos, y se cambió la calificación jurídica de algunos hechos, porque vimos nuevos antecedentes y estimamos que ameritaban esa reformalización".
Sobre recalificación del delito, Henríquez comentó que "es una facultad que tiene el Ministerio Público, y nosotros veremos cómo atacamaos ese cambio de tipificación", pero aseguró: "Tengo certeza absoluta de que no hay ningún nuevo antecedente en esa carpeta de investigación que justifique este cambio", y "esta defensa no fue notificada debidamente, más allá de que el tribunal sostiene que la notificación se efectuó".
Enviarán informe sobre Laplagne a Roma
Dentro de los próximos días se espera que sean enviados al Vaticano el informe de la investigación previa del juicio canónico del sacerdote Jorge Laplagne, quien es acusado de abuso reiterado contra un menor de edad, documento que ya está en mano del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.
El denunciante, Javier Molina, espera que "definitivamente se haga justicia, y (Laplagne) sea apartado del ejercicio público del sacerdocio, porque un tipo con sus características no puede ejercer".
No obstante, fustiga, "en el juicio canónico, desde que tuve acceso a la carpeta investigativa del año 2010, perdí todo tipo de confianza", porque "llegaron a la resolución de que lo mío era inverosímil, ni siquiera llamaron testigos ni nada"; por ello, "siguiendo el patrón de conducta de encubrimiento, no espero nada de ellos".
Este caso también salpica a Muñoz, quien, junto al sacerdote Raúl Hasbún, estuvieron a cargo del proceso canónico, que no fue concluyente. Por esto es que existe una querella de la Fundaciín para la Confianza contra ambos, además de Ezzati y el arzobispo emérito Francisco Javier Errázuriz, por presunto encubrimiento.
