Gendarmería decidió endurecer las medidas de seguridad ante la revuelta que mantienen presos del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, con disturbios y destrozos que se han extendido durante 16 días, y los engrillará de pies y manos para limitar su movilidad mientras no depongan su "actitud refractaria".
Los funcionarios han advertido de agresiones y amenazas de muerte en el marco de la "rebelión" que encabezan reos extranjeros, quienes -según las autoridades- "buscan permanentemente vulnerar el sistema" y presionan por ser trasladados a un recinto penitenciario que cuente con un régimen menos estricto.
En uno de los incidentes, el conocido sicario del Tren de Aragua Hernán Landaeta, apodado "Satanás", protagonizó un enfrentamiento con una veintena de otros reos la semana pasada.
Por ello, Gendarmería notificó el martes a Tribunales de la determinación de limitar la movilidad de los internos que sigan con las acciones violentas.
"Esta situación se ha mantenido de manera sostenida, y no obstante las medidas de coerción que se han aplicado de manera particular en la presente causa, la actitud refractaria se mantiene, y se ha enfocado específicamente en la destrucción de las celdas individuales (...) Como consecuencia de lo anterior, se ha determinado que quienes no depongan dicha actitud, se mantendrán con medidas especiales de seguridad en sus celdas", expuso la institución en el escrito, que publica hoy La Tercera.
En detalle, los reclusos involucrados permanecerán engrillados de manos y pies durante las horas en que deben estar al interior de sus celdas, mediante esposas que van unidas. Éstas no estarán sujetas a las paredes, como se aplica en casos más extremos.
La notificación puntualizó que esta medida "no constituye una sanción, sino que responde a una estricta y necesaria medida de seguridad, las que Gendarmería ha ido aplicando de manera racional, fundada y con la pertinente progresividad, dando así cumplimiento a la normativa internacional en la materia"; y aclaró que la nueva disposición está considerada dentro de las "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos".
MEDIDA EXCEPCIONAL, EXPLICA EL GOBIERNO
Desde el Gobierno, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), explicó que "Gendarmería les ha solicitado a los tribunales que tengan presente que, conforme a las normas del derecho internacional que rigen sobre esta materia, se va a comenzar a limitar la posibilidad de movimiento de estos internos al interior de sus celdas con medidas de seguridad, es decir, con elementos que permitan que ellos tengan una movilidad restringida tanto de pies como de manos".
"Estamos en una situación excepcional donde se han tomado un conjunto de medidas para mantener la seguridad del establecimiento y de los funcionarios, y éstas no han sido suficientes", argumentó en el citado medio, al tiempo que precisó que "esta medida va a estar permanentemente en revisión".
De todos modos, recalcó que el Ejecutivo no va a ceder a la presión del grupo de internos que mantiene las acciones violentas, cuyo "objetivo es inhabilitar esta cárcel para ser trasladados a cárceles con menores medidas de seguridad".
"Y eso, como Gobierno, como Ministerio, como Gendarmería no lo vamos a permitir", enfatizó.
JUEZ CONSTATÓ REVUELTA
El juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, visitó la denominada Cárcel de Alta Seguridad el pasado 14 de junio, cuando la revuelta llevaba alrededor de nueve días.
Premunido de casco, chaleco antibalas y escudos, y blindado por personal de Gendarmería, el magistrado recorrió el penal y "constató directamente la destrucción de la infraestructura de las celdas, el arrojo de objetos contundentes hacia los gendarmes, patios y pasillos del recinto".
También "se verificaron los daños a las cañerías de agua y ventanales" e incluso observó que "un imputado tenía la mitad del cuerpo salido del ventanal de su celda, (y) se daban instrucciones a gritos entre ellos", detalló su informe, publicado por La Tercera.
Según los antecedentes que recabó, "han participado fundamentalmente imputados de nacionalidad venezolana vinculados a organizaciones criminales, manteniéndose la mayoría de los chilenos al margen"; y puntualizó en ese sentido que "18 imputados que no participaron debieron ser trasladados a otros establecimientos penales", mientras que, de los 42 que siguen en el recinto, "31 de ellos han participado de la revuelta".
