Distintas aristas han surgido tras la resolución judicial del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, de permitir que peligrosos criminales recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad puedan realizar videollamadas e incluso recibir visitas íntimas.
A la controversia con Gendarmería y los reproches desde el Ministerio de Justicia, ahora se sumó un antecedente que involucra al abogado personal del magistrado.
Esto porque, según publicó en la víspera el portal Ex-Ante, el letrado Carlos Quezada Orozco figuraba como defensor de Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana, que purga una condena de quince años por narcotráfico en la Cárcel de Alta Seguridad, en los inicios de la causa, en 2020, en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago.
El sujeto en cuestión fue uno de los beneficiados por la resolución de Urrutia, en específico respecto a la realización de una visita íntima; resolución que, no obstante, aún no ha quedado ejecutoriada, pues escaló a la Corte de Apelaciones de Santiago, que debería resolver la próxima semana la impugnación de Gendarmería.
La controversia fue mayor luego de que el citado medio reveló que Quezada también ha sido abogado personal del magistrado en denuncias que éste ha presentado anteriormente, rol que el jurista reactivó la semana pasada para querellarse por las amenazas que el juez acusó haber recibido tras conocerse la polémica resolución judicial.
De hecho, el ministro de Justicia, Luis Cordero, comentó esta mañana en Radio Universo que ese antecedente "al menos pone en riesgo la condición de independencia" del Poder Judicial, y que planteó "hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés".
De todos modos, apuntó que primero había que conocer toda la información y consideró "conveniente que lo despeje tanto el juez Urrutia como su abogado".
Igualmente, subrayó, "yo me quiero seguir focalizando, porque lo que creo que no corresponde en estos momentos, es que esto sea una disputa con un juez con nombre y apellido".
"Tiene objeciones de legalidad la resolución que autorizó las videollamadas de personas que se encuentran privadas de libertad en recintos de máxima seguridad. Yo he dicho que es una decisión contraria a derecho y pedimos a la Corte de Apelaciones que la revierta", recalcó Cordero más tarde.
Asimismo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo en un punto de prensa que leyó "la información de que habría un abogado que ha prestado servicios al juez Urrutia, defendiéndolo en algunas causas, y que paralelamente, el año 2020 habría defendido a una de las personas privadas de libertad en el centro de Alta Seguridad que fue beneficiada con una de las decisiones que tomó el juez Urrutia".
"A primera vista, quiero decir que me parece completamente inconveniente, y el juez tendría que dar una muy buena explicación. A primera vista uno tiende a pensar que hay conflicto de interés, pero corresponde que el fiscal (sic) dé una my buena explicación", conminó.
ABOGADO SALE AL PASO Y DESESTIMA CONFLICTO DE INTERÉS
En este marco, el abogado Quezada salió al paso de la publicación y aclaró que ya no representa a Marín Vielma.
"Lo que podemos señalar es que por lo menos este profesional no tiene patrocinio y poder vigente en ninguna causa vigente con el imputado que se señala en la nota. Hay otro colega que se hizo cargo de la defensa hace ya un tiempo y él está llevando adelante esa defensa, y me parece que por respeto a él, básicamente, hay que señalarlo y dejarlo claro que es otro abogado. Respecto a la causa de cumplimiento de pena, que es del Juzgado de Garantía de Antofagasta, también hay otra abogada, que es la que la lleva adelante. Y de hecho las audiencias en cada una de esas actuaciones se han realizado por solicitud de ella, y tienen que ver directamente con temas específicos como es el traslado de la unidad penal o las visitas conyugales", explicó.
En documentos judiciales recientes relativos al condenado, a los que tuvo acceso Cooperativa, figura el nombre de la abogada privada Linda Catalán Appelgren como su representante.
"Respecto a que puede existir un conflicto de intereses, la verdad es que esta parte no lo ve así; no entiende cómo una visita conyugal puede generar un conflicto de intereses, más allá de que Gendarmería señale que no cuenta con los medios técnicos o las locaciones físicas para poder dar cumplimiento a lo que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios. Ese es un tema que ya ha sido discutido en otros temas y en otras audiencias por los profesionales que representan a este interno, y me parece que son ellos los que deberían referirse al asunto", comentó también Quezada.
Reiteró, finalmente, que "al menos en lo que respecta a este abogado, no se ha hecho ninguna solicitud de ningún otro tipo por parte de este interno".
OPOSICIÓN REFUERZA ARREMETIDA: "UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD"
En tanto, desde la oposición, donde incluso han pedido que el Poder Judicial remueva a Urrutia, reforzaron hoy su arremetida.
La diputada Camila Flores (RN) conjeturó que "el juez Urrutia es un peligro para nuestra sociedad", apuntando que "tiene un largo historial peligrosísimo para nuestro país, asumiendo causas para la 'primera línea' y poder favorecer a estos delincuentes; por otro lado, ahora permitiendo estas videollamadas a delincuentes de alta peligrosidad".
"¿Qué acciones más tiene que cometer este juez que es absolutamente subjetivo? Que no aplica justicia, que aplica siempre un sesgo político. Es un activista judicial. No es una persona que realmente esté haciéndole un bien a nuestro país", fustigó la derechista.
El senador Iván Moreira (UDI) complementó que "este juez es activista político y en el amenazado Chile de hoy por el crimen organizado y la delincuencia, es un juez que constituye un peligro para la sociedad".
El independiente de la bancada de Republicanos Stephan Schubert acusó que "en este caso queda no sólo demostrado que al interior del Poder Judicial hay algunos integrantes que están fuertemente ideologizados, al punto que han aplicado la discrecionalidad que la ley le otorga para aplicar el derecho de manera equivocada", por lo que consideró "indispensable que el Poder Judicial adopte una medida sancionatoria que saque a aquellos integrantes que están actuando más por ideología que por aplicación del derecho y búsqueda de la justicia".
"Se siguen sumando antecedentes al caso de Daniel Urrutia. Hoy día es urgente destituirlo y apartarlo de sus funciones. Podemos ver cómo se ha mezclado con personas del poder judicial para actuar en beneficio de estos delincuentes de alta peligrosidad. Por lo tanto, hoy día él no puede seguir asumiendo funciones y él no puede seguir siendo un aval y un aporte a que el crimen organizado se siga desenvolviendo en nuestro país", emplazó a su vez la diputada Karen Medina (PDG).
CRÍTICAS OFICIALISTAS
Desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) dijo que "si el juez Urrutia pretende modificar la legislación o modificar los reglamentos, lo que él tiene que hacer es venirse al Parlamento, ahí es donde se genera esta normativa y si está disconforme con aquello lo que tiene que hacer es iniciar derechamente una carrera política, pero no puede pretender por la vía de las resoluciones judiciales estar modificando la ley o el reglamento".
Por su parte, el senador Iván Flores (DC) planteó que "yo espero que reciba sanciones y que sean sanciones drásticas y duras, que no solamente se le reviertan los fallos y ahí es donde algunos de nosotros estamos insistiendo en que yo creo que hay que revisar el Sistema Procesal Penal".
"Tampoco queremos pasarnos de la raya en garantistas, sobre todo cuando estamos siendo carne del crimen organizado que está entrando a Chile como Pedro por su casa", añadió.
