La ex ministra de Justicia afirmó que fue invitada a participar en la conferencia de prensa con que la dictadura militar respaldó, en 1979, la versión de Investigaciones, que culpó al menor P.P.V. del crimen del niño de seis años.
Mónica Madariaga prestó declaraciones durante más de una hora ante la jueza Patricia González, titular del 17° Juzgado del Crimen de Santiago, quien acogió la solicitud de la madre de Rodrigo Anfruns Papi, para reabrir el caso. Paola Papi presentó una querella contra los agentes del Estado que resulten responsables de la muerte del infante.
Aunque en la fecha del crimen apareció junto al jefe de Gabinete de la dictadura militar, Sergio Fernández, respaldando la tesis de la policía civil sobre el homicidio del niño Rodrigo Anfruns Papi, la ex ministra de Justicia Mónica Madariaga afirmó tras declarar ante la jueza que tuvo "siempre muchas dudas" sobre la culpabilidad del entonces menor P.P.V. en el homicidio, registrado en junio de 1979.
"Pero qué otra actitud me cabía -se preguntó-. Era ministro de Justicia, tenía que respetar la independencia del Poder Judicial, cosa que respeté siempre a cabalidad", agregó.
"No podía yo poner en entredicho a un magistrado que estaba tramitando esta causa y luego la sobreseyó, la cerró; tenía que estar con esa verdad judicial", sentenció la ex ministra.
Además, Mónica Madariaga dijo que está "muy contenta de que se busque una nueva verdad judicial", a la vez que descartó tener alguna responsabilidad en la conferencia de prensa que ofreció junto a Fernández, actual senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en la que dio por aclarado el caso con la versión de Investigaciones, que responsabilizó a Patricio Pincheira Villalobos, de 17 años en la época, de haber secuestrado y asesinado a Anfruns Papi.
La jurista afirmó que, además de no tener ningún contacto con el juez que tramitó la causa, Ricardo Gálvez -hoy miembro de la Corte Suprema-, sólo fue "invitada" a participar en la citada rueda de prensa y no tuvo participación alguna en su organización.
La acción judicial de Paola Papi se basó en el testimonio del teniente en retiro de Carabineros Jorge Rodríguez Márquez, quien señaló que fue testigo de como dos personas, quienes se identificaron como detectives, dejaron el cuerpo sin vida del niño en el sitio eriazo donde fue hallado, en la comuna de Providencia.
A pesar de realizar un procedimiento con los dos sujetos, a quienes trasladó hasta una unidad policial, por órdenes superiores el parte nunca fue redactado y los dos individuos dejados en libertad.
Además, un segundo testimonio, del suboficial en retiro de Carabineros Armando Sandoval, asegura que es imposible que los perros adiestrados de la policía civil no pudieran dar con el cadáver del niño, lo que para Investigaciones se explica por la presencia de un arbusto de fuerte olor.
De acuerdo a la versión oficial entregada en ese entonces, el crimen fue cometido por Patricio Pincheira Villarroel, quien el 14 de junio de 1979 llevó a la policía a un sitio eriazo situado tras el hogar de los abuelos del niño, donde se halló el cuerpo.
Sin embargo, durante los 11 días que duró el presunto secuestro, personal policial rastreó en numerosas ocasiones el mismo lugar, sin encontrar el cadáver.
Según Roberto Celedón, jurista que representa a Paola Papi, el juez Gálvez se condicionó a las tesis del Gobierno y no quiso aceptar el testimonio de quienes rebatían la postura oficial, entre ellos, el del mismo ex oficial Rodríguez Márquez.
De acuerdo a algunas versiones desarrolladas en indagaciones periodísticas posteriores, Rodrigo Anfruns Papi fue secuestrado por error, en el marco de una operación ilegal de los servicios de seguridad, por una rencilla personal entre oficiales castrenses. Por ello -de acuerdo a estos datos- el homicidio pudo ser encubierto y se culpó, con el respaldo gubernamental, al adolescente Patricio Pincheira Villalobos.
