El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, destacó en Cooperativa la decisión de la Corte Suprema de remover a 11 de los 58 jueces que se les abrió cuaderno de remoción por haber viajado fuera del país con licencia médica, apuntando que es una señal de que "no se van a aceptar abusos por parte de quienes además administran la Justicia".
"La remoción de estos 11 jueces de nuestro sistema de Justicia, son una muy buena señal de que las cosas que van en contra de la propia ley no van a ser toleradas", destacó Figueroa.
Sin embargo, reparó en que del Poder Judicial se requiere "una mayor celeridad en poder tomar conocimiento de los otros jueces que todavía no se les ha abierto cuaderno de remoción y de las investigaciones que no han terminado, para poder también dar punto final a la polémica del uso de las licencias médicas en la que nuestro país se visto enfrentado".
En ese sentido, también se refirió a los 21 jueces que decidieron lleva su caso al Tribunal Constitucional y afirmó que "vamos a tener que esperar que el TC se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento y que no haya vicios en el procedimiento que se llevó a cabo, de tal forma de que la decisión de la Corte Suprema pueda quedar firme y dar garantías también de lo que se hizo".
"Cuando estamos hablando de hechos de corrupción y que afecta al propio Poder Judicial, no podemos tambalear en torno a las decisiones que se toman para proteger nuestro sistema judicial", aseveró.
Figueroa planteó que falta poner en discusión las consecuencias del uso de licencias médicas fraudulentas: "Hoy día el foco ha estado puesto en quienes hicieron uso de esas licencias, pero no hemos debatido las nuevas reglas que necesitamos para que los profesionales de la salud también puedan tener sanciones efectivas cuando abusen del poder que se les ha otorgado".
Contrataciones del Gobierno: "Hay un abuso del poder"
El director ejecutivo de Chile Transparente también se refirió a las polémicas contrataciones del Gobierno a personas con poca experiencia profesional, recién egresados de la universidad e incluso estudiantes de primer año, con altas remuneraciones, lo que le ha costado al Ejecutivo una ola de críticas.
Al respecto, Figueroa sostuvo que "más allá de la polémica de los montos, de las personas que fueron contratadas o de la vuelta de una exministra al segundo piso, lo que termina reflejando es un problema importante que tenemos en cuanto a las reglas del empleo público. Vale decir, las reglas con las cuales se le permite a la autoridad contratar a personal en el Estado".
"Eso hoy día le da la libertad a cualquier autoridad pública con capacidad de contratar, sea un ministro, un subsecretario o el propio Presidente de la República, poder contratar a un grupo de personas a honorarios, que significa que boletean, entre comillas, de forma permanente para el Estado. Y ahí es donde aparece la discrecionalidad, porque se ha hecho abuso de esa figura para contratar a cualquier persona, ya que el requisito mínimo que establece la ley para ser contratado a honorarios es tener cuarto medio", explicó.
De esa forma, "la única lectura que nos termina quedando es que acá hay un abuso del poder que se le ha otorgado a las autoridades para terminar haciendo favores políticos o lo que habitualmente, también se criticó en su momento del Gobierno anterior por parte de este mismo sector, es tomarse el Estado como un botín de empleo donde quienes llegan a cargos públicos lo hacen por criterios políticos y no por un mérito técnico para servir al país".