Caso Convenios: Gobernador de La Araucanía es investigado como imputado

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Autor: Cooperativa.cl

La Fiscalía indaga a Luciano Rivas por el traspaso de 1.200 millones a la Fundación Local, creada en 2020, para la ejecución de proyectos turísticos.

La autoridad defendió la legalidad del convenio.

Caso Convenios: Gobernador de La Araucanía es investigado como imputado
 ATON (archivo)
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El Ministerio Público confirmó que investiga en calidad de imputado al gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas (independiente, cercano a Evópoli), tras la denuncia por presuntas transferencias irregulares de recursos públicos a una fundación.

"Cualquier persona en contra de quien se presente una denuncia tiene la calidad de imputado por disposición de la ley y, obviamente en este caso, por haberse presentado una denuncia contra él, (Rivas) tiene esa calidad", dijo el fiscal regional, Roberto Garrido.

"A la Fiscalía de Alta Complejidad se acompañaron antecedentes mediante un oficio del señor gobernador, que acompañó en un soporte digital información relativa al caso, autorizaciones, proyectos, resúmenes de los programas que se aprobaron por el Gobierno Regional, no sólo limitados a las situaciones que se han denunciado, sino que, en términos generales, a todos los proyectos que se han financiado", agregó el persecutor.

La Fiscalía abrió una investigación penal en contra del Gobierno Regional de La Araucanía por el traspaso a la Fundación Local, una institución sin fines de lucro creada en 2020, de 1.200 millones de pesos para la ejecución de proyectos turísticos en la región, pese a que la ONG está domiciliada en Viña del Mar.

Además, Rivas, único gobernador de derecha del país, reconoció que existe un vínculo entre él y Héctor Troncoso, representante legal de la fundación -"No somos amigos tan directos, pero sí, lo conozco", admitió a Radio Biobío-, pero defendió la legalidad del convenio.

"Esperamos que estas diligencias ocurran de la forma más rápida y estamos obviamente como Gobierno Regional dispuestos a apoyar en todas las gestiones necesarias y entregar toda la información, porque somos parte de esta investigación también, que necesitamos que se esclarezca a la brevedad", afirmó el lunes tras presentarse ante la Fiscalía.

CORE: "HAY FUNDACIONES QUE CONOCEMOS Y OTRAS QUE NO"

En las últimas horas, algunos miembros del Consejo Regional de La Araucanía han reconocido que, en varias ocasiones, aprobaron recursos sin conocer a las fundaciones beneficiarias de los mismos.

El core Cristián Neira (Republicanos) dijo que "votamos los proyectos de ley, los analizamos en las comisiones y hay un equipo multidisciplinario en el Gobierno Regional, un gabinete también político y un equipo técnico que revisan los proyectos".

"Nosotros, por supuesto, podemos revisar lo que se va a ejecutar, pero al menos no tenemos conocimiento respecto a las fundaciones. Ahora bien, si vamos al caso de que las fundaciones están constituidas fuera de la Región Metropolitana, eso no tiene ningún problema a mi juicio".

En conclusión, la autoridad admitió que entre las ONGs beneficiadas, "hay algunas que conocemos y otras que no".

La trama estalló en medio del escándalo del caso Convenios, que inicialmente se circunscribió en Antofagasta y que involucraba a militantes de Revolución Democrática (RD) producto de los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda y la ONG Democracia Viva, se fueron conociendo otros convenios con fundaciones de otras regiones del país que también han sido cuestionados.

La Fiscalía investiga traspasos de dinero en al menos nueve de las 16 regiones del país, incluidas, además de Antofagasta y La Araucanía, las de Arica, O'Higgins, Maule, Biobío y Los Lagos, entre otras.

Por otra parte, la PDI allanó la vivienda de la delegada provincial de Malleco, Andrea Parra (PPD), en la víspera, porque la fundación Creceres -una de las indagadas en esta causa- tiene domicilio en la misma dirección que su casa.

La Contraloría General de la República (CGR), en tanto, dijo que hasta el lunes había recibido 172 denuncias por presuntos traspasos presuntamente irregulares de recursos de seremias o Gobiernos Regionales (GORE) a fundaciones.

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